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La «falta de medios» de Toxicología impide a una mujer saber si su padre es un conocido banderillero

El Instituto, dependiente del Ministerio de Justicia, comunica que no puede hacer una prueba de ADN

La «falta de medios» de Toxicología impide a una mujer saber si su padre es un conocido banderillero

Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. | Europa Press

La «falta de medios» del Instituto Nacional de Toxicología y la avanzada edad de un banderillero se han convertido en un obstáculo para que una mujer de Sevilla consiga saber realmente quién es su padre. La sevillana, de unos 60 años, asegura que el subalterno, de cerca de 90 y que formó parte de la cuadrilla de importantes toreros de la época, es su progenitor. Una prueba de ADN resolvería la incógnita, sin embargo, «la falta de medios» del Instituto Nacional de Toxicología para desplazarse al domicilio del banderillero para tomarle muestras está aplazando de nuevo el señalamiento de la vista oral.

Según cuenta el abogado de la mujer a THE OBJETIVE, el letrado Fernando Osuna, el proceso comenzó en 2016. Por entonces, su clienta presentó diversas pruebas que testifican la relación entre ambos, como el testimonio de varias personas que verifican que «fruto de esa relación había nacido» la demandante y varias fotografías en las que aparecen la madre, el banderillero y la hija biológica –donde se puede ver «el gran parecido físico entre el supuesto padre y la descendiente»–. Además, una muestra de ADN conseguida por un detective a través de una servilleta que el torero se dejó en un restaurante y que coincide en un 99,99% con el de la mujer habría sido la prueba definitiva para iniciar el juicio de la demanda. Sin embargo, «ahora el juez quiere comprobar si eso es verdad o no», por lo es necesario una muestra de ADN ‘oficial’ que lo certifique.

Y aquí el verdadero pleito, porque el banderillero, aludiendo a su avanzada edad, asegura que no puede desplazarse al Instituto Nacional de Toxicología, ubicado en la misma Sevilla –donde este reside– y ha solicitado que la prueba de ADN le sea realizada en su domicilio. La institución, según el abogado, ha respondido «un mes y medio después» y señala «que carece de medios para pagar el desplazamiento de un médico». La alternativa que ofrecen es que recurran al Instituto de Medicina Legal para que estos extraigan la muestra de ADN. «Esto no es serio», denuncia a este periódico Osuna, que lamenta el «bloqueo» de las instituciones judiciales. «Esto va a retrasar más todo el proceso», apunta el letrado, que teme que debido a la avanzada edad del presunto padre «se malogre la prueba».

Según la legislación española, un juez no puede obligar a un supuesto padre a practicarse esta prueba, no obstante, según aclara Fernando Osuna, la ley «castiga» al presunto progenitor que no quiere ir a hacérsela y, si es llamado y no se presenta, siempre y cuando haya sospechas evidentes, el juez automáticamente puede otorgarle la paternidad.

Relación extramatrimonial

Según relata Fernando Osuna a THE OBJECTIVE, la madre de la demandante, ya fallecida, tuvo una relación sentimental a finales de los 50 con el entonces banderillero, conocido por formar parte de importantes cuadrillas de la época, según ha podido saber este periódico. Ambos vivían en el mismo barrio y alternaban los mismos lugares.

En este marco, ambos comenzaron una relación sentimental y fruto de dicho vínculo íntimo nació la que hoy sería la mujer demandante. «Al conocer este que estaba embarazada se desentendió y no quiso saber absolutamente nada ni de la madre ni de la presunta hija», cuenta el abogado, asegurando que nunca afrontó con los gastos de manutención.

No obstante, «cuando esta cumplió 18 años, el banderillero comenzó a tratar con ella y a ayudarla en algo», relata el letrado, que apunta que a día de hoy incluso tienen buena relación y «desayunan juntos y se visitan y se ven». Sin embargo, una segunda hija sí reconocida y fruto de una relación, esta sí, oficial, estaría presionando al padre para que no reconozca a la clienta de Osuna como hija legítima. «En el momento en el que entran en juego los intereses económicos ya vienen los problemas», matiza, lamentando las «trabas y la falta de seriedad» por parte del Instituto Nacional de Toxicología y el largo proceso judicial que finalmente se extenderá hasta más de siete años.

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