España ha practicado un centenar de eutanasias desde la aprobación de la nueva ley
Desde Derecho a Morir Dignamente denuncian las trabas burocráticas y la opacidad en las comunidades seis meses después de la entrada en vigor de la eutanasia
La asociación ‘Derecho a Morir Dignamente’ celebra la entrada en vigor de la ley de la eutanasia. | Europa Press
El pasado 18 de marzo de 2021 llegó el momento. Era jueves al mediodía cuando el Congreso de los Diputados aprobaba con 2o2 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones la Ley de Eutanasia. La norma entró en vigor el pasado 25 de junio y establece que esta práctica se puede llevar a cabo a pacientes que la soliciten y que se encuentren en un contexto de «padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable».
Desde entonces hasta ahora, cuando se cumple medio año de su aplicación, se han practicado unas 100 eutanasias en España y unas 200 personas la habrían solicitado, ha podido saber THE OBJECTIVE según datos estimados facilitados por la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).
Opacidad en las comunidades
No obstante, Javier Velasco, presidente de DMD, denuncia la opacidad en ciertas comunidades a la hora de hacer públicos los datos sobre solicitudes o eutanasias practicadas, así como el número de profesionales sanitarios que se han cogido a la objeción de conciencia. «La ley obliga a facilitar estos datos, ya que se trata solo de una cuestión de transparencia de la Administración», cuenta a THE OBJECTIVE, y agrega: «Sin embargo, muchas comunidades se niegan a darlos y alegan que es una información muy delicada que van en contra de la protección de datos».
Y es que hasta la fecha, solo dos comunidades, País Vasco y Cataluña, han facilitado estas cifras. Así, un total de 34 vascos han solicitado la eutanasia a Osakidetza y a 13 de ellos ya se les ha practicado; mientras que un total de 53 personas han pedido la eutanasia en Cataluña, la mitad de solicitudes (28) ya han sido aprobadas y 24 ya han recibido la asistencia para una muerte digna por parte de profesionales sanitarios, entre los que solo 90 se han acogido a la objeción de conciencia.
De esta forma, ante la falta de datos oficiales por parte del resto de comunidades, basándose en consultas directas de socios o simpatizantes, Derecho a una Vida Digna estipula que desde junio se habrían podido llevar a cabo unas 100 eutanasias en toda España. La mayoría –cuenta– aplicadas en personas con enfermedades neurodenerativas –más que oncológicas– llevadas a cabo sobre todo en domicilios, en lugar de hospitales, y en edades comprendidas entre los 40 y 80 años.
Trabas burocráticas
Javier Velasco también denuncia las trabas burocráticas que ralentizan o que incluso impiden ejercer el derecho a la muerte asistida. En este sentido, recuerda que algunas personas terminan quitándose la vida tras solicitar la eutanasia debido a la «lentitud de la administración». «Esperemos que poco a poco el proceso se naturalice. No estamos hablando de un proceso administrativo cualquiera, es gente que solicita ayuda para morir, y el retraso no es como un retraso de cualquier trámite en Hacienda», explica, recordando que la eutanasia debe ser aplicada como muy tarde a los 45 días de que un médico firme la solicitud.
Falta de formación e información del personal médico
Sin embargo, aquí el quid de la cuestión, porque Velasco asegura que son muchas las consultas que atienden de personas que entregan la solicitud a un profesional médico y éste dice no sabe qué hacer. Por ello es que desde DVD dan formación en centros de salud a profesionales que desconocen cómo actuar ante esta situaciones.
No obstante, hace hincapié y señala que estas formaciones deberían ser competencia de las consejerías de cada comunidad y no de una asociación. Así, denuncia que, al igual que en muchas comunidades disponen en su webs de un contacto directo con la comisión de garantías de evaluación para resolver cualquier duda, son también muchas, como la Comunidad Valenciana, las que carecen de esta información y los médicos no tienen vía mediante la cual contactar con algún miembro del grupo de expertos para que explique y asesore.
Por otro lado, en cuanto a los profesionales médicos objetores de conciencia, señala que «el problema es que cuando objetan no tramitan de manera adecuada esa solicitud, que debe ser dirigida de manera inmediata a un superior para que la tramite».
En este sentido, asegura que «naturalmente» hay que respetar la objeción de conciencia, pero «sin que se dificulte el ejercicio del derecho». Así, apunta que, detrás de todos los impedimentos descritos, se esconde un «gran tabú»: «El tabú de la muerte y, por ende, el de la eutanasia». «Hay que naturalizarla, porque todos vamos a morir, y a veces la vida es más dolorosa que la muerte», concluye.
