Lamela envía a juicio a Sandro Rosell y le impone una fianza de 78,6 millones de euros

La juez Carmen Lamela ha enviado a juicio al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su mujer y a otros cuatro investigados por blanquear casi 20 millones de euros que obtuvo de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y le pide a Rosell una fianza de 78,6 millones a depositar en 24 horas.

Hace dos días, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó su escrito de acusación contra él solicitando una pena de 11 años de prisión por delitos de blanqueo y organización criminal así como una multa de 59 millones de euros por estos hechos.

Para asegurar las posible responsabilidades que pudiera imponérseles en sentencia, la magistrada impone a Rosell una fianza de 78,6 millones de euros; de 73,3 millones a Joan Besoli; de 66,6 a Pedro Andrés Ramos y Marta Pineda; y de 53,3 para Shahe Ohannessian y José Colomer. La juez les da un plazo de 24 horas para depositar estas cantidades y en el en el caso de no hacerlo procederá al embargo de sus bienes para cubrir esas sumas.

La juez acuerda mantener la situación personal de los investigados al no haber variado las circunstancias que motivaron su actual situación y señala a la Sala de lo Penal para el enjuiciamiento de este procedimiento.

En el auto de apertura de juicio oral, anunciando que envía al banquillo a estos seis investigados en la llamada operación Rimet por delito continuado de blanqueo de capitales y delito de organización criminal, Lamela acuerda mantener en prisión a Rosell, que ingresó en la cárcel en mayo de 2017 y recientemente, a petición suya, ha sido trasladado a un centro penitenciario catalán.

En su escrito de acusación, además de las penas de cárcel y multa para Rosell, la Fiscalía también reclama siete años de cárcel para su esposa y multa de 50 millones, y otros 10 años a Besolí y multa de 55 millones. Los otros tres acusados en este caso son el ciudadano libanés amigo de Rosell Shahe Ohanneissian, quien se enfrenta a una petición de siete años de cárcel y multa de 40 millones, y otros dos presuntos testaferros, Pedro Andrés Ramos y Josep Colomer, para quien la Fiscalía pide ocho y seis años de cárcel, respectivamente.

En el escrito, la fiscal afirma que los acusados, «al menos desde el año 2006, formaron una estructura estable, reforzada por vínculos de amistad y parentesco, dedicada al lavado de capitales a gran escala» dirigida por Rosell, en prisión por este caso y que era quien distribuía los roles dentro de la organización.