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Sánchez renuncia a recurrir ante el TC la ley catalana que margina el castellano en las aulas

Las entidades a favor del bilingüismo convocan una manifestación el 18 de septiembre en Barcelona ante la «clara vulneración de los derechos lingüísticos»

Sánchez renuncia a recurrir ante el TC la ley catalana que margina el castellano en las aulas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el de la Generalitat, Pere Aragonés. | Europa Press

El Gobierno ha dejado correr el plazo legal para impugnar ante el Tribunal Constitucional el decreto educativo 6/22 del Govern de la Generalitat que evita dar condición de lengua vehicular al castellano en las escuelas públicas de Cataluña. Este 30 de agosto finaliza el plazo de tres meses desde la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) para presentar un recurso de inconstitucionalidad. El Ministerio de Educación, pese a ser parte legitimada en el proceso legal, ha renunciado así a defender ante el Alto Tribunal el 25% de horas lectivas en castellano que exige el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Tal y como informó THE OBJECTIVE, el Gobierno es el único que tiene la facultad de frenar ipso facto las nuevas leyes catalanas con la interposición de un recurso ante el Constitucional, tal y como solicitaron las entidades de padres a favor del bilingüismo. La impugnación de las normas autonómicas por parte del Ejecutivo habría servido para paralizar el nuevo decreto del Govern e iniciar el curso 2022-2023 con la vigencia de la sentencia en firme de la Justicia catalana para aplicar el 25% de castellano. El mes de agosto es hábil a la hora de presentar recursos ante el Constitucional.

La negativa del Ministerio de Educación a interponer un recurso de inconstitucionalidad deja a la Generalitat vía libre para mantener el sistema de inmersión lingüística y dilata, de nuevo, los plazos hasta que el Tribunal Constitucional resuelva. Una situación que, según las fuentes jurídicas consultadas, puede alargarse años antes de que el tribunal se pronuncie. Para impugnar el decreto por parte del Gobierno se debe acordar antes en el Consejo de Ministros y contar con un dictamen previo del Consejo de Estado, actuaciones que no se han llevado a cabo en estas últimas 24 horas antes de que se agote el plazo legal.

Acuerdo con el Govern para «desjudicializar»

El hecho de que el pasado 9 de agosto el Tribunal Supremo tumbara los proyectos lingüísticos de dos escuelas de Barcelona por no cumplir con el 25% de castellano, o que la Justicia catalana contemplara «vicios de inconstitucionalidad» en la nueva legislación del Govern, no ha servido para que el Gobierno central intervenga en la cuestión. Todo lo contrario. En el último acuerdo alcanzado entre Moncloa y la Generalitat se comprometían a «desjudicializar» el conficto político y a garantizar «la protección del catalán».

El Govern promulgó un decreto ley y la Ley del catalán que declaraban abiertamente que la única lengua vehicular en las escuelas era el catalán. Con esta nueva legislación, el objetivo del Govern era que la justicia declarase inaplicable la sentencia del TSJC del 25% de castellano. Con todo, la Generalitat se negó a ejecutar la sentencia y el Gobierno de Pedro Sánchez no solicitó la ejecución forzosa instada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe.

Manifestación en Barcelona

Ante este escenario, la plataforma Escuela de Todos, que agrupa a las principales entidades a favor del bilingüismo en Cataluña, ha convocado una manifestación el próximo 18 de septiembre bajo el lema ‘Español, lengua vehicular’ para reclamar que se proteja el derecho de estudiar en ambos idiomas en las escuelas públicas de la región.

«La manifestación es una respuesta a la política de exclusión del español de la escuela catalana que la Generalitat practica desde hace décadas, en abierta oposición a las exigencias constitucionales y en clara vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes», explican desde la Asociación por una Escuela Bilingüe.

De acuerdo con la entidad, las normas del Govern «contradicen la Constitución» y lamentan que «en tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie, y dado que el Gobierno de España se niega a recurrirlas, seguirán impidiendo la ejecución de la
sentencia del año 2020″.

Además del decreto educativo, ERC aprobó en el Parlament con el apoyo del PSC y En Comú Podem la Ley del catalán 8/22, cuyo plazo para impugnar finaliza en septiembre. No obstante, fuentes jurídicas añaden que dicha norma puede ser compatible con la sentencia del TSJC (ya que especifica la condición de «curricular» del castellano, entre otras razones) y que es el decreto el que genera mayores dudas sobre su constitucionalidad. Por esta razón, consideran más problemático que el Gobierno no haya presentado recurso en los tres meses de tiempo que tenía para hacerlo.

El papel del PSC

El artículo 161.2 de la Constitución, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley Orgánica de Tribunal Constitucional, prevé que si el Gobierno impugna una disposición o resolución de una comunidad autónoma el Tribunal Constitucional debe suspender automáticamente su vigencia y pronunciarse sobre la suspensión de forma definitiva en un plazo máximo de cinco meses. Esto no impide que se pueda tomar la misma determinación si son otras las partes que impugnan, pero no de forma inmediata ni por imperativo legal.

Desde el Ministerio de Educación siempre han mantenido la posición de mínimos de que no se va a «incumplir» la legalidad en ningún caso. Pero, pese a que la sentencia del 25% se originó por una denuncia de la Abogacía del Estado en 2015 durante la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, el Ejecutivo central se ha inhibido de todo el proceso. Su razonamiento es que no se ha consumado ninguna ilegalidad por parte de la administración catalana y que la cuestión está abierta en los tribunales.

El hecho de que el PSC haya sido uno de los principales artífices de la nueva Ley del catalán (Ley 8/22) -aunque no diera su apoyo al Decreto 6/22- dificulta que el Gobierno decida ahora dar un giro y asumir la defensa de los alumnos castellanohablantes que exigen desde el constitucionalismo civil.

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