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Un juzgado militar estudia investigar al juez de Zaragoza que emitió las actas de defunción de las víctimas del Yak-42

En el auto de este tribunal se resuelve mandar oficio al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para conocer el estado de las actuaciones que siga sobre los mismos hechos

Un juzgado militar estudia investigar al juez de Zaragoza que emitió las actas de defunción de las víctimas del Yak-42

Homenaje a las víctimas del Yak-42 en Zaragoza. | EP

El Juzgado Togado Militar Central número 1 ha acordado incoar diligencias previas –paso previo a decidir si abre una investigación– tras recibir una denuncia contra el juez de Zaragoza que en 2003 emitió las actas de defunción de los militares que fallecieron en el accidente del Yakovlev 42 (Yak-42).

En el auto de este tribunal, fechado el 9 de agosto y al que ha tenido acceso Europa Press, además de abrir esas diligencias se resuelve mandar oficio al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para conocer el estado de las actuaciones que siga sobre los mismos hechos. Además, le remitirá tanto la denuncia –formulada por un comandante de artillería en situación de retiro– como el informe del fiscal jurídico militar.

Cabe recordar que fue el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) cuando se estrelló un avión subcontratado por el Ministerio de Defensa –dirigido entonces por Federico Trillo– y en el que viajaban 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán. Los familiares de las víctimas denunciaron que el avión no reunía las condiciones de seguridad necesarias y hubo condenas por falsear identificaciones de un gran número de los fallecidos.

Ahora, este juzgado militar, tras recibir la denuncia, y una vez oído al Ministerio Público, abre estas diligencias, previas a un posible procedimiento judicial penal, para estudiar la participación del Juez Togado Militar número 32 de Zaragoza en la recepción de las víctimas del Yak-42.

«Fuera de demarcación»

Tal y como recoge el auto, el denunciante considera que ese juez colaboró, fuera de su demarcación, en un grave delito de falsificación de actas y emisión de informes falsos con fines delictivos. Y sostiene que los hechos pueden ser calificados de «un gravísimo delito de deslealtad y contra la eficacia de las Fuerzas Armadas y otros derivados de la intromisión de un juez militar en materia civil».

En la resolución se indica que el Ministerio Público, tras recibir la denuncia, precisó que eran necesarias diligencias previas antes de pronunciarse sobre el fondo de la denuncia dada la naturaleza de los hechos. Con esto busca comprobar el objeto y las circunstancias de la denuncia.

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