Felipe González y Zapatero firmarán la petición de indulto parcial a Griñán tras su condena
La solicitud de la medida de gracia será presentada por la esposa del expresidente de la Junta de Andalucía, María Teresa Caravaca, y su hijo Manuel
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. | Europa Press
Los expresidentes del Gobierno y ex secretarios generales del PSOE, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, apoyarán con su firma la petición de indulto parcial a José Antonio Griñán, condenado a prisión por el denominado ‘caso ERE’. La solicitud de la medida de gracia será presentada por la esposa del expresidente de la Junta de Andalucía, María Teresa Caravaca, y su hijo Manuel, según adelanta este miércoles El Confidencial.
La petición del indulto parcial se formalizará según se conozca la totalidad de la sentencia del Tribunal Supremo, que confirmó a finales de julio la condena de seis años de prisión a Griñán por su responsabilidad en el caso, que constituye la mayor trama de corrupción de la historia de España. La petición será suscrita por otros ministros de los gobiernos de González y Zapatero, pero también por personalidades ajenas a la actividad política y otras que no están adscritas al PSOE.
La familia de Griñán alegará su «intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la Democracia» y que a lo largo de 40 años dedicados al servicio público «jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo de funcionario». Así queda reflejado en el borrador de la petición de esta medida de gracia a la que ha tenido acceso el citado diario.
«Desafortunada ironía»
En el documento, de 11 páginas, la familia de Griñán califica de «desafortunada ironía» su condena a prisión por malversación, toda vez que «durante toda su vida ha hecho precisamente de la honestidad profesional y económica su principal valor».
Tras repasar su biografía política, y atacando al delito de malversación, apuntan que es un «hecho cierto y conocido» que el patrimonio del político andaluz es «limpio y ajustado al propio del servidor público».
De hecho, hacen relación de sus cuentas y propiedades, señalando que han sido publicadas tanto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como en el de las Cortes Generales, y apostillan que es «publico y notorio» que tras haber ocupado las más altas magistraturas del estado, «su patrimonio acredita por sí mismo la limpia ejecutoria de un servidor público ejemplar».
Asimismo, destacan la actitud «prudente» y «discreta» mantenida por Griñán ante el proceso judicial del caso de los ERE, y añaden que mantienen el mismo respeto a los tribunales cuando piden la medida de gracia por «razones de humanidad y equidad». La familia, en este borrador, señala que el exdirigente socialista ha sufrido a lo largo de once años «un permanente deterioro psicológico y moral» al ver su nombre expuesto al debate público.
En el escrito, se pone el foco además en el hecho de que el tribunal sentenciador haya condenado a seis años a Griñán con tres votos a favor por dos en contra. «Es la primera vez en la historia que un caso de esta envergadura (…) se resuelve por tan exiguo margen», añaden.
La familia de Griñán alega además para defender el indulto que se da «una falta de proporcionalidad de la sanción», que la tramitación de la causa se ha extendido por un «largo periodo de tiempo» y que la notificación del fallo del Supremo sin tener acceso a la sentencia para ver los motivos le somete «a una condena pública frente a la que en puridad no puede dar respuesta».
El expresidente Griñán ha sido condenado por un delito de malversación de caudales públicos mientras se encontraba al frente de la comunidad. La sentencia, de 1.800 folios, no se conocerá hasta septiembre, aunque sí se han hecho públicos los votos de los magistrados, que se alejan de la unanimidad tras sumar tres favorables contra dos votos particulares en contra.
La causa de los ERE es consecuencia de casi 40 años del gobiernos continuados del Partido Socialista en Andalucía. Los magistrados ratificaron la teoría que señalaba que los ERE —por un valor superior a los 680 millones de euros— fueron destinados por altos cargos del Ejecutivo para comprar las voluntades de los ciudadanos de cara a las elecciones autonómicas, aprobar prejubilaciones para trabajadores que nunca habían estado en las empresas en las que se sostenía que se encontraban, todo ello eliminando los controles legales establecidos para ello.
Ministro con Felipe González
El caso de Griñán es el que recoge la condena más elevada. A los seis años de prisión finales hay que sumarle otros 15 de inhabilitación para ostentar un cargo público. Griñán ocupó la Presidencia de la Junta de Andalucía desde 2009 a 2013, pero la Justicia le responsabiliza por su etapa como consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009. Fue ministro en los últimos gobiernos de Felipe González, presidente del PSOE, diputado autonómico y nacional y senador.
El exmandatario podrá recurrir la condena ante el Tribunal Constitucional para retrasar su ingreso en prisión hasta que la máxima autoridad judicial dicte la sentencia definitiva. Sin embargo, al superar los cinco años de condena, no parece probable que el mandatario pueda esquivar esta pena, que se ha conocido a finales del mes de julio tras el retraso decidido por los magistrados para evitar que coincidiera con las elecciones en Andalucía.
La Audiencia de Sevilla condenó el 19 de noviembre de 2019 a diecinueve de los 21 acusados del juicio de los ERE y solo dos fueron absueltos —Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta, y Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de la Junta—, mientras que el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, que fue condenado a siete años y 11 meses de cárcel, falleció en octubre de 2020.
Los magistrados han decidido absolver a Javier Aguado Hinojal (que formó parte del organigrama de la Consejería de Empleo, entre otras responsabilidades la de la Secretaría General Técnica, y que se encontraba acusado de un delito de prevaricación), Juan Francisco Sánchez García (secretario general técnico de la Consejería de Empleo y también señalado por supuesta prevaricación) y a Lourdes Medina Varo (secretaria general técnica de la Consejería de Empleo durante la etapa de los ERE y para quien se pedía ocho meses de inhabilitación).
