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Los centros de acogida en Madrid siguen colapsados pese al compromiso de Escrivá

En los recintos municipales viven 438 solicitantes de asilo, de los que 318 deberían estar ya en la red de asilo y refugio del Ministerio de Inclusión

Los centros de acogida en Madrid siguen colapsados pese al compromiso de Escrivá

José Luis Escrivá tras un Consejo de Ministros. | Eduardo Parra (Europa Press)

Los centros de acogida temporal de Madrid siguen colapsados. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tuvo la semana pasada una breve conversación telefónica con José Luis Escrivá para instarle a reactivar el trasvase de migrantes a recursos propios del Gobierno. Pese al compromiso del ministro de Inclusión, el escenario no ha cambiado. En las últimas semanas apenas se han realizado una veintena de traslados. En los centros municipales conviven 438 migrantes, un centenar más de las plazas existentes. El Ayuntamiento estima que 318 de esas personas deberían estar ya en la red de asilo y refugio del Ejecutivo.

Los responsables municipales sostienen que en los últimos meses el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha desatendido sus responsabilidades. Le acusan de «incumplir» sus competencias, lo que motivó que las instalaciones llegaran a registrar «el 120% de su capacidad». El Gobierno permaneció mes y medio sin trasladar solicitantes de asilo a recursos propios desde los centros de acogida temporal de Madrid, a pesar de que dispone de 15 días para hacerlo. El equipo de Almeida contactó entonces con Escrivá para buscar una solución, pero las fricciones entre las administraciones demoraron el encuentro.

Demandas de Madrid

Escrivá y Almeida hablaron la semana pasada brevemente por teléfono. El ministro se comprometió a estudiar el problema para ver de qué manera podía ayudar al Ayuntamiento de Madrid. Además, reconoció públicamente que la acogida de los ucranianos que huyen de la invasión rusa desde febrero había «llevado al límite la capacidad de acogida» que tiene el Gobierno. Escrivá aseguró que lo que estaba pasando en la capital era «una situación singular y excepcional». A pesar de que insistió en que se resolvería, los responsables municipales han sentido poco alivio hasta la fecha.

En las últimas semanas se ha retomado la actividad. Desde el Ayuntamiento explican a THE OBJECTIVE que los centros municipales albergan aún a 438 personas, aunque 318 deberían estar ya en la red de asilo del ministerio dado que tienen formalizado el primer paso (el manifiesto) o la solicitud de protección internacional, que es el segundo paso para el reconocimiento como refugiado. «Desde mayo solo se ha trasladado a 20 personas, el 6% de los que tendrían derecho. El resto sigue en los dispositivos de emergencia municipales», aclara una portavoz del Consistorio.

Centro temporal de acogida de Las Caracolas, en Madrid. | Foto: Carlos Luján (Europa Press)

«Necesitamos sacar a 318 personas para que los centros comiencen a funcionar con normalidad y, posteriormente, realizar salidas fluidas para que no vuelva a colapsarse», insiste la portavoz. No todos los migrantes están en la misma situación: 188 ya tienen resuelta la solicitud de protección internacional (por lo que deberían tener reconocidos determinados derechos); 130 cuentan con el manifiesto formalizado ante la policía; 28 cuentan con una cita para completar el formulario de asilo y otras 92 siguen sin conseguir cita para comenzar el proceso porque «aún no se ha abierto en la web del Ministerio del Interior».

Madrid cuenta con 368 plazas para solicitantes de asilo distribuidas en tres centros: Mejía Lequerica, El Vivero y Las Caracolas, abierto en 2019 tras el éxodo masivo de venezolanos a la capital. El Consistorio destina 6,1 millones de euros anuales para la gestión del servicio. En estos momentos, en las instalaciones viven 460 personas, un centenar más de las plazas disponibles. «No es que suponga más gasto, pero restan puestos que están destinados a personas vulnerables o familias desahuciadas», indica una portavoz municipal.

La invasión de Ucrania

El informe de la situación realizado en julio por la concejalía de Familias, Igualdad y Bienestar Social, al que tuvo acceso este diario, indicaba que los centros de acogida temporal y las plazas de Emergencia Social se encontraban «por encima de su capacidad, sin posibilidad de dar respuesta a nuevas demandas». El documento subrayaba que la situación se había visto agravada por un aumento de migrantes, y no solo de aquellos que llegan huyendo de la invasión rusa en Ucrania, como sucedió en marzo.

Los responsables municipales reconocían en el informe que la asignación de plazas por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones había sido irregular en todo momento. En los meses anteriores había sido era inferior al ritmo de entradas en los centros madrileños. En lo que va de año, el Gobierno ha trasladado a centros propios desde Madrid a 466 personas: 96 en enero, 102 en febrero, 19 en marzo, 158 en abril, 71 en mayo y otros 20 en las últimas dos semanas.

El Consistorio llevaba semanas demandado una solución al equipo de Escrivá, donde el relevo de responsables de la materia es constante: seis en los últimos tres años, cuatro de ellos en los últimos 10 meses. «Eso no ha permitido poner en marcha una línea de trabajo estable», indican fuentes municipales. Ante la falta de respuesta, los responsables municipales abrieron un canal de comunicación directo. Cada semana, el Ayuntamiento remite información sobre los solicitantes de asilos acogidos en los centros y, cada día, actualiza el número de llegadas.

El 14 de julio, el concejal de Familias, Igualdad y Bienestar de Madrid, José Aniorte, de Ciudadanos, envió una carta a la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro. «Como sabe, la competencia municipal es la atención a la emergencia, lo cual implica que los solicitantes de asilo permanecen en nuestros recursos solo hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones los traslada a un recurso de su titularidad». Le instaba a mantener una reunión para abordar el colapso de los centros madrileños.

Una línea directa

La cita estaba prevista para el 26 de julio, pero días antes la secretaria de Estado de Migraciones se excusó por la imposibilidad de asistir a la reunión. En su lugar tenía previsto asistir la directora general de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, Amapola Blasco Marhuenda. Los responsables municipales cancelaron el encuentro y advirtieron de que solo acudirían si les recibía la secretaria de Estado, según fuentes gubernamentales. Con el problema atascado, Almeida llamó directamente al ministro, que se comprometió a estudiar fórmulas para evitar el colapso.

El Ayuntamiento está preocupado porque cree que el escenario actual «se va a ver agravado en los próximos meses». De hecho, Inclusión espera alcanzar este año las 120.000 solicitudes de asilo y prevé que más de la mitad se tramiten en Madrid. La pugna entre ambas Administraciones no es nueva. A finales de 2019, el Consistorio ya culpó al Gobierno del colapso en los servicios de emergencia municipales. En enero, ambas Administraciones se reunieron y acordaron crear una línea de trabajo directa para intensificar la coordinación, aunque vistas las circunstancias, parece que esta no dio resultados.

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