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Un nuevo 'error' del fiscal Antidroga frena otro caso por blanqueo contra la mafia holandesa

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acuerda «dar por concluida» una pieza separada por blanqueo contra cuatro ‘narcos’ detenidos en Málaga en 2018

Un nuevo 'error' del fiscal Antidroga frena otro caso por blanqueo contra la mafia holandesa

Un mail enviado por error ya puso en riesgo las actuaciones practicadas por el juez Pedraz (dcha) y el fiscal Ignacio de Lucas. | THE OBJECTIVE

Nuevo revés en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra 18 presuntos narcotraficantes holandeses detenidos en octubre de 2018 en la Costa del Sol durante una operación en la que fueron incautados al menos 4.800 kilos de cocaína, además de fusiles de asalto y otras armas y drogas. A pocos meses de que algunos de los arrestados cumplan cuatro años en prisión preventiva, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha acordado «dar por concluida» una pieza separada por blanqueo de capitales contra los principales cabecillas de esta trama de narcotráfico. Los magistrados entienden que, en su último escrito solicitando otros seis meses de prórroga en la instrucción, el fiscal Antidroga a cargo del caso no ha indicado «las causas por las que transcurridos dieciocho meses desde su incoación no se han practicado las diligencias de investigación necesarias y tampoco se indican qué diligencias han de practicarse» en el futuro.

«Con una fórmula genérica se pretende prorrogar la instrucción en otros seis meses», indica la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, en un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En el escrito, la Sala acuerda estimar parcialmente el recurso de Marcos Cornelius Huijsman, uno de los principales cabecillas de la red de narcotraficantes holandeses detenidos en octubre de 2018 en una operación en la que también fue intervenido un camión cargado con entre 4,8 y 6,2 toneladas de cocaína en un polígono industrial de Málaga.

Los magistrados de la Sala de lo Penal acuerdan revocar el auto dictado por el juez Santiago Pedraz el pasado 12 de mayo, a propuesta del ‘número dos’ de la Fiscalía Antidroga, Ignacio de Lucas, en el que se acordaba prorrogar la instrucción de la pieza separada por blanqueo durante medio año más. Los jueces dan la razón parcialmente a Huijsman, para quien el Ministerio Público reclama una pena de cárcel de 40 años en la pieza central del caso por delitos de organización criminal y narcotráfico. En su recurso, los abogados del presunto narcotraficante señalan que el escrito del fiscal no contiene las razones que han impedido finalizar la investigación en el plazo acordado de dieciocho meses desde la apertura de esta pieza separada, periodo en el que no se realizó ni una sola diligencia en lo referente al blanqueo de capitales.

Los narcos piden el sobreseimiento

«Consecuentemente, el auto apelado debe ser revocado en los términos que dispone el artículo 324.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (…) no serán válidas las diligencias acordadas a partir del 25 de mayo de 2022, fecha en la que concluyó la instrucción», concluyen los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal. Cumpliendo con lo acordado por la Sección Tercera, el magistrado Pedraz firmó el pasado lunes un auto en el que da por cerrada la instrucción de esta pieza separada y anula todas las diligencias de investigación acordadas con posterioridad al 25 de mayo.

En un nuevo auto, fechado el 8 de julio, el juez Pedraz da traslado a todas las partes del auto de la Sala de lo Penal por el que se acuerda la conclusión de la pieza separada por blanqueo. En el escrito, al que también ha tenido acceso este diario, el magistrado revoca varios mandamientos y oficios dirigidos al SEPBLAC con los que se solicitaba obtener información bancaria de varias de las empresas presuntamente utilizadas por los narcos holandeses para traer drogas de Sudamérica hasta Málaga, a través del Puerto de Setúbal (Portugal), para su posterior distribución a los Países Bajos.

En su auto, además, Pedraz da traslado de la avalancha de escritos presentados por los otros tres presuntos narcotraficantes que, además de Huijsman, estaban siendo investigados en la pieza separada por blanqueo. Después de que la Sala de lo Penal decretara la conclusión de la investigación con fecha de 25 de mayo, todos ellos han solicitado el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones referentes a la pieza del blanqueo de capitales. También lo ha solicitado Hans Verhei.

Las redes de la mafia holandesa

La Fiscalía considera que Huijsman y Verhei son los principales cabecillas de esta presunta organización liderada por conocidos criminales holandeses asentados en la Costa del Sol, principalmente en Benalmádena (Málaga), especializados en introducir en España y Países Bajos grandes cantidades de clorhidrato de cocaína. Junto a otras 16 personas, Huijsman y Verhei fueron detenidos en octubre de 2018 y se encuentran pendientes de ir a juicio por presuntos delitos de narcotráfico y organización criminal.

En su escrito de acusaciones, el Ministerio Público reclama para ellos una pena de cárcel de 40 y 37 años, respectivamente, además de una multa de 934 millones de euros para cada uno de estos dos ciudadanos holandeses. Se les considera los líderes de este «entramado criminal que perseguía la introducción de cocaína en España bajo la apariencia de importaciones de fruta, a través de contenedores procedentes de Costa Rica que recalaban primero en el puerto de Setúbal (Portugal), para posteriormente ser transportados a Málaga».

De acuerdo con el escrito de acusaciones, la organización presuntamente liderada por Huijsman y Verheij contaba con un entramado de empresas dedicadas a la importación y el transporte de cocaína desde el país centroamericano. La droga llegaba escondida entre cargamentos de frutas en barcos hasta el puerto de Setúbal (Portugal). Desde ahí era transportada primero a una nave que la organización tenían en Badajoz, y posteriormente era trasladada hasta la Costa del Sol en camiones.

La cocaína no era su único negocio. Bajo apariencia de legalidad, sus empresas también se dedicaban a traer desde China precursores químicos para la fabricación en España de drogas sintéticas como MDMA y metanfetaminas. «Una vez efectuada la importación, los acusados transportaban dichas sustancias a distintos emplazamientos de los que disponían en España para su almacenamiento y posterior fabricación de la droga (MDMA y MDA) con el fin último de proceder a su distribución y venta a terceros», señala el escrito del fiscal. Sin embargo, ahora podrían librarse del delito de blanqueo de dinero.

El otro error que pone en riesgo la causa

No es la primera vez que se ve en peligro esta causa. Ya se ha dado por concluida la instrucción de la pieza central del caso, referente a los delitos de organización criminal y narcotráfico. Incluso el fiscal ya presentó su escrito de acusaciones. Sin embargo, como adelantó este diario, fuentes cercanas a los 18 acusados pedirán en sus escritos de defensa la nulidad completa de las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción Número 5 y la Fiscalía Antidroga por vulneración al derecho a un juez imparcial y a la igualdad de armas entre las partes. Esto, después de conocerse el contenido de un e-mail que, según fuentes judiciales, «se coló por error» en la segunda página de una providencia firmada por el titular de ese juzgado, Santiago Pedraz, el pasado 2 de marzo.

El mensaje, según las mismas fuentes, fue escrito por la letrada de la administración de Justicia del juzgado y no por el magistrado. En el texto se daban instrucciones precisas a la funcionaria encargada de redactar esa providencia, dirigida a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el juez Alfonso Guevara, para pedir a Países Bajos información sobre la extradición de dos de los encausados que actualmente se encuentran detenidos en ese país, Mohamed Lazaar y Patrick Sarantellis, ante el temor a que su entrega dilatase la celebración del juicio.

Según fuentes cercanas a los acusados, de ese escrito se podría desprender que, para lograr su objetivo, el fiscal De Lucas habría «hablado» con algún juez a espaldas de los abogados de los 18 procesados. «He vuelto a hablar con el fiscal, me dice que cree que podemos intentar la elevación de Lazaar… (y ha hablado con Guevara y explicado la situación de Sarantellis y de este, cree que lo aceptarán)», empezaba el mensaje. «Poner esto más o menos y elevar la pieza… Si nos la devuelven, bueno, pero De Lucas cree que se la quedarán. Lo intentamos», añadía el e-mail que se habría colado por error en la segunda página de la providencia firmada por Pedraz.

El e-mail que se coló «por error» en la segunda página de una providencia dictada por el juez Pedraz, en la que alude al fiscal
El e-mail que se coló «por error» en la segunda página de una providencia dictada por el juez Pedraz, en la que alude al fiscal

La letrada corrige el «error involuntario»

Fuentes judiciales consultadas por este diario descartan que el contenido del mensaje que se coló «por error» en la providencia pueda poner en riesgo el juicio. No obstante, y a pesar de que habían pasado tres meses, tan solo un día después de que THE OBJECTIVE consultase a la Audiencia Nacional sobre este escritola propia letrada de la administración de la Justicia dictó el pasado jueves, 2 de junio, una diligencia de constancia y ordenación en la que achaca lo ocurrido a un «error involuntario».

Por ese motivo, añade en el escrito, «procede por tanto anular informáticamente tal acontecimiento (la segunda página de la providencia firmada el 2 de marzo por Pedraz) creando otro acontecimiento que contenga exclusivamente el texto de la resolución judicial». Es decir, la letrada de la administración de la justicia (y no el juez) ordena que se elimine del procedimiento el mail que se coló por error y que solo se tenga en cuenta la primera página donde venía la providencia firmada por Pedraz y enviada a la Sección Tercera que preside Guevara. La Fiscalía solicita para los 18 presuntos traficantes de cocaína, drogas sintéticas y fusiles de asalto detenidos en 2018, en su mayoría holandeses, un total de 342 años de cárcel y algo más 67.320 millones de euros en multas, una cifra equivalente al 5,2% del PIB de España.

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