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El Govern pide a la Justicia catalana que declare que es imposible aplicar la sentencia del 25%

La Generalitat argumenta que ni la Constitución, ni el Estatut, ni la legislación estatal en materia educativa imponen un modelo de porcentajes

El Govern pide a la Justicia catalana que declare que es imposible aplicar la sentencia del 25%

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. | Europa Press

El Govern de la Generalitat ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que declare la «imposibilidad legal» de cumplir la sentencia que impone un 25% de castellano en las escuelas, ya que el decreto que aprobó ayer supone un nuevo «marco legal» que impide su ejecución.

El Gabinete Jurídico de la Generalitat ha remitido un escrito ante el TSJC, al que ha tenido acceso Efe, en el que argumenta que el decreto aprobado ayer por el Govern, que no fija porcentajes para la enseñanza de las lenguas oficiales, es «incompatible» con la parte de la sentencia del alto tribunal que obliga a garantizar que el uso del catalán o del castellano no sea inferior al 25% de las horas lectivas.

En su informe, la Generalitat argumenta que ni la Constitución, ni el Estatut, ni la legislación estatal en materia educativa imponen un modelo de porcentajes sobre el uso de las lenguas en las escuelas y remarca que para «asegurar la mayor efectividad» de la sentencia «lo que procede» es que «ordene» a los centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos de Cataluña que elaboren o revisen sus proyectos lingüísticos para adaptarse al nuevo marco legal establecido por el decreto que aprobó ayer el Govern.

La Generalitat ha presentado este informe ante el TSJC el mismo día en que expira el plazo del ultimátum que le dio el alto tribunal catalán para que ejecutara su sentencia en la que ordenaba que hubiese un mínimo del 25% de las clases en castellano.

En su escrito, la Generalitat subraya que el decreto ley que aprobó ayer el Govern «descarta de manera taxativa» que se fijen porcentajes para determinar el uso de las distintas lenguas oficiales que se utilizan en la escuela, lo que es «incompatible» con la sentencia del TSJC que establece un mínimo del 25%.

Por este motivo, pide al TSJC que declare la concurrencia de una «causa de imposibilidad legal» para ejecutar la sentencia del 25%, debido a la presencia de la nueva reglamentación, como elemento «sobrevenido».

La Generalitat admite que «es cierto» que el nuevo régimen jurídico establecido en su decreto y la sentencia del 25 % «difieren» en cuanto a las «concretas medidas previstas» para adoptar, pero remarca que, según la jurisprudencia del Supremo, «lo que es realmente relevante es el interés general perseguido».

«Y es innegable -agrega-, que el Decreto Ley 6/2022 pretende afrontar el interés general que representa la regulación del uso de las lenguas oficiales en la escuela de una manera diferente priorizando no un simple régimen de porcentajes totalmente ajeno a la realidad de cada centro docente y no previsto en ninguna norma legal, sino un modelo que tiene en cuenta el entorno sociolingüístico de los centros, el entorno general y los objetivos de normalización lingüística».

En este sentido, el escrito recuerda que la sentencia del TSJC sobre el 25% -de diciembre de 2020-, declaró que la Generalitat incurrió en una «inactividad normativa» sobre la regulación del uso de las lenguas oficiales en la escuela, cosa que «precisamente» está «tratando de superar» el Govern con el decreto aprobado ayer.

Sostiene además que la administración autonómica tiene «plena libertad» a la hora de determinar cuál debe ser el contenido de las normas legales, «con el único límite de tener que respetar la Constitución y el Estatut de Autonomía».

La Generalitat obliga incumplir la sentencia

Este martes finaliza el plazo para que el consejero de Educación de la Generalitat, Josep González Cambray, informe al tribunal de las medidas que ha adoptado desde el auto del 4 de mayo para que todos los alumnos catalanes realicen un 25% de las clases en castellano. En su lugar, el Govern ha aprobado in extremis un decreto ley sin fijar porcentajes que intenta convencer al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de que se ha ejecutado la sentencia para, de este modo, evitar consecuencias judiciales. 

No obstante, el pasado 24 de mayo el Departamento de Educación envió una carta, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en la que daba la orden a los directores y equipos docentes de las escuelas públicas de la región de «no implementar cambios de ningún tipo en la organización curricular» ni «contestar a los mensajes» de las entidades como Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que pidió la ejecución de la sentencia.

Carta enviada a los centros educativos.

Esta misiva busca proteger a los profesores de no sufrir directamente las consecuencias de una desobediencia. Desde hace meses, distintos colectivos de docentes han reclamado al Ejecutivo catalán que lidere la respuesta a los tribunales para poder alegar que cumplen las órdenes de sus superiores jerárquicos. Incluso aparecieron iniciativas como la de declararse objetores de conciencia lingüística con el fin de incumplir la sentencia sin asumir una eventual condena por desobediencia. 

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