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Ximo Puig maniobra para que Mónica Oltra dimita ante su inminente imputación

El presidente valenciano se acoge a la excusa de darle un impulso al Botanic para forzar su salida. El PSPV espera la imputación en mayo

Ximo Puig maniobra para que Mónica Oltra dimita ante su inminente imputación

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, junto a su vicepresidenta, Mónica Oltra, en las Corts. | Europa Press

Los movimientos eran tan inminentes que la crisis de gobierno, prevista para este sábado, se precipitó al viernes a la medianoche. Según adelantaron fuentes socialistas a THE OBJECTIVE, el presidente valenciano Ximo Puig acometió anoche cambios en el gobierno del Botànic con una doble motivación. La excusa oficial es la necesidad de dar impulso al Ejecutivo de la Generalitat para afianzar la recuperación económica tras la pandemia. La realidad es que los cambios en el ejecutivo pretenden mover la silla de su vicepresidenta, Mónica Oltra, y forzarle a dimitir ante una imputación inminente que estas fuentes sitúan este mes de mayo. 

Según las fuentes consultadas, la operación se hace con la esperanza de que ella asuma su responsabilidad aunque sin garantías de que ocurra. De hecho, el Gobierno manda señales indirectas a Oltra para mostrarle el camino de salida en connivencia incluso con su socio Compromís. Y de ahí que Puig haya sustituido tres de las seis carteras del Consell: Sanidad, Hacienda e Innovación, cuyos responsables, Ana Barceló, Vicent Soler y Carolina Pascual, entregarán a Raquel Tamarit, Rebeca Torro y Josefina Bueno, aunque los dos últimos nombres se confirmarán a lo largo del fin de semana.

Una crisis de gobierno que se ha gestado en dos semanas después del primer movimiento, la renuncia del síndico portavoz del Gobierno en las cortes valencianas, Manolo Mata, hace dos semanas, y que se precipitó con el segundo paso en la órbita de su socios del Botànic: la comunicada salida del conseller de Educación, Vicent Marzà. Según fuentes socialistas, el conseller de Educación de Compromís comunicó a Puig su decisión el miércoles a las 9:00 horas y anunció posteriormente su voluntad de centrarse en fortalecer a Compromís para preparar un tercer pacto del Botànic en un año. 

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra

Un posible sustituto para Oltra

«No tengo ambiciones personales, ni me mueven. Estaré construyendo país y una sociedad más justa allá donde esté», señaló Marzà en rueda de prensa Les Corts esta semana sin descartarse como cabeza de cartel electoral de Compromís en las próximas elecciones. A su lado, la secretaria general del Mes, Águeda Micó puso el dedo en la llaga: «Mónica Oltra tiene la máxima confianza y apoyo de la organización y se ha ganado el derecho a decidir sobre su futuro. ¿Lo he dicho claro, no?».

Pero el socio mayoritario del Botànic es mucho más claro. En una entrevista en la cadena Cope, la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, respondió abiertamente a la pregunta de si una imputación por el presunto encubrimiento de los abusos de su ex marido a una menor tutelada debería conllevar una imputación: «Yo desde luego en una situación en la que pudiera comprometer la credibilidad de la institución a la que represento me lo plantearía». Y añadió: lamentablemente en este país «parece que tengamos que esperar a las sentencias condenatorias  y en ocasiones es importante desligar la responsabilidad penal de la responsabilidad política, incluso de lo que pueda afectar a la institución».

Imputación en mayo

En privado, fuentes socialistas son aún más clarividentes: «Si no dimite, una vez imputada, será cesada», una vez se consuma la imputación que desde el PSPV sitúan en el mes de mayo. Un escenario al que confía no tener que llegar el presidente Ximo Puig, que confía en que Oltra capte las señales y actúe en consecuencia. Por ello, solicitó hace días a sus socios de gobierno que se implicaran en darle impulso al Ejecutivo valenciano e incluso se atrevió a desvelar que estaba en un «proceso de reflexión», alentando el debate sobre una posible crisis de gobierno. 

Fuentes socialistas justificaron que éste era el momento ideal para remodelar el Consell, las circunstancias idóneas a nivel cualitativo y cuantitativo. Primero, porque el horizonte electoral se sitúa a un año vista, con el previsible retraso de los comicios en la Comunidad Valenciana para hacerlos coincidir con las municipales de mayo del 2023, como adelantó THE OBJECTIVE.

Y segundo, porque «el PSPV está fuerte demoscópicamente. Mejora sus resultados respecto a las ultimas elecciones y Compromís resiste» pese a la imputación apremiante de la vicepresidenta valenciana. La jugada consiste en forzar a Oltra a abandonar para evitar que se inicie el desgaste en las encuestas: «De momento, no hay coste para Compromís». Y el escenario idóneo es que la dimisión de Oltra sirva de cortafuegos para garantizar que no se hunda su proyección electoral y se garantice la suma de los socios del gobierno valenciano.

Un juez pide su imputación

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia pidió a comienzos de mes al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que impute Mónica Oltra por el caso de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

En concreto, en este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El magistrado entiende que existen «indicios racionales y sólidos» de la participación de Mónica Oltra en los hechos por los que se investiga ya a otras 13 personas.

La Fiscalía ya había ordenado archivar la investigación, aunque recientemente, la Audiencia Nacional ha decidido ordenar la reapertura de la causa. Esta investigación trata de determinar si el departamento de Oltra ocultó el caso y montó una investigación «parajudicial», según estimó la Audiencia de Valencia, para restar credibilidad al testimonio de la víctima. La menor tiene una causa abierta contra el Gobierno de la Comunidad, a quienes reclama 240.000 por no haberla atendido correctamente.

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