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El Tribunal Constitucional acelera la posible restitución de Alberto Rodríguez en su escaño

El TC decidirá este martes si su Pleno es competente para resolver los dos recursos de amparo planteados por el exdiputado de Unidas Podemos

El Tribunal Constitucional acelera la posible restitución de Alberto Rodríguez en su escaño

El exdiputado de Unidas Podemos en el Congreso, Alberto Rodríguez | A.Martínez Vélez. Pool / Europa Press / ContactoPhoto

Los plazos se acortan y las posibilidades de que vuelva a recuperar su escaño en el Congreso parecen aumentar. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) que se celebrará este martes, 10 de mayo, tiene entre las propuestas de avocación de su orden del día los dos recursos de amparo planteados por el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. Lo que se va a dictaminar es si el Pleno asume la competencia para resolver ambos recursos, según explican fuentes del tribunal de garantías. En el primero de ellos, Rodríguez pide que se declare nula la decisión adoptada por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de dejarle sin escaño. En su segundo recurso de amparo solicita también que se anule la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que le condenó por un delito de atentado a agentes de la autoridad y que, por tanto, se revoquen «todos los efectivos lesivos» que esta condena le ha provocado; entre ellos, la pérdida de su asiento en el Congreso.

La Sala Primera del TC decidió enviar al Pleno la avocación de los dos recursos porque se considera que es un asunto de especial transcendencia constitucional. Y todo hace prever que los magistrados aprobarán el martes que el Pleno asuma la competencia para resolver ambos recursos, según las mismas fuentes. Si todo va según lo previsto, la magistrada María Luisa Balaguer y el magistrado Santiago Martínez-Vares comenzarían a redactar sendos borradores de sentencia como ponentes para pronunciarse sobre si se deben admitir a trámite o no los amparos presentados por los abogados de Rodríguez. Una vez redactadas, a lo largo de las siguientes semanas, ambas ponencias serían llevadas de nuevo al Pleno para que los 12 magistrados del TC -presumiblemente 11 debido a la baja de larga duración por enfermedad del magistrado Alfredo Montoya- decidan finalmente si admiten a trámite alguno de los recursos y por tanto abren la puerta a restituir en su escaño a Rodríguez. Una posibilidad que está cobrando cada vez más fuerza, según fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE.

En el primero de sus dos recursos, de 93 páginas, el exdiputado de Unidas Podemos alegaba que la decisión de Batet fue «unilateral, infundada y arbitraria», y además acusaba a la presidenta del Congreso de «inventarse» una sanción no prevista en el ordenamiento jurídico y de atribuirse una competencia «de la que carece» y que le habría generado indefensión jurídica. En el segundo recurso de amparo, de 89 folios, Rodríguez alegaba que con la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por atentado contra la autoridad se han violado sus derechos a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, y a sus derechos de reunión y manifestación. Derechos que fueron vulnerados, según su versión, porque su condena se basó únicamente en el testimonio de un agente de la Policía Nacional.

Giro inesperado en el Constitucional

Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, cada vez son más los magistrados del Tribunal Constitucional que se inclinan por admitir a trámite este segundo recurso de amparo. Este cambio inesperado radicaría en uno de los argumentos principales esgrimidos por Rodríguez contra la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El exdiputado de Unidas Podemos considera que en el momento en que Batet le dejó sin escaño ya había cumplido la pena accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo de 45 días por la que perdió el acta de diputado, «cuando el propio Tribunal Supremo ya había establecido en anteriores resoluciones que no debía imponerse dicha pena accesoria cuando la pena de prisión había sido sustituida».

En este caso, el Supremo sustituyó la pena de un mes y 15 días de prisión por una multa de 540 euros que fue pagada por Rodríguez. Este hecho es el que hace que en el seno del TC se inclinen cada vez más por resolver en favor de la admisión a trámite de los recursos de amparo presentados por el exdiputado de Unidas Podemos y que, por tanto, se le devuelva su asiento en el Congreso de los Diputados. Unidas Podemos mantiene vacío desde octubre el escaño de Alberto Rodríguez a la espera de la resolución del TC, que está tramitando con mayor celeridad de lo habitual los recursos de amparo presentados por el exdiputado morado debido a la especial trascendencia constitucional que plantea su situación.

Según adelantó en marzo El Periódico de Catalunya, los letrados del TC de las áreas de derecho penal y de derecho parlamentario ven factibles la admisión de ambos recursos y redactaron sendos informes que fueron enviados a los magistrados ponentes, María Luisa Balaguer y Santiago Martínez-Vares. Ambos, pertenecientes a la Sala Primera del TC, tras analizar los dictamenes de los letrados, decidieron elevar ambos recursos de amparo para avocación al Pleno.

La opinión de los letrados del TC

Los letrados del TC, según la mencionada información, consideran que la decisión de Batet de retirar el acta de diputado a Alberto Rodríguez careció de motivación suficiente para dejarle sin escaño, a pesar de las referencias a la sentencia del Supremo y a la Ley Electoral. Consideran que la presidenta de la Cámara Baja carece de la facultad exclusiva para adoptar una decisión de ese calado, por lo que debió haber dado traslado del asunto a la Comisión del Estatuto del Diputado para que fuese ese organismo el que adoptara una resolución.

Además, los letrados consideraban en sus informes preliminares que si el motivo para expulsarle del Congreso fue la condena a 45 días de inhabilitación temporal para el derecho de sufragio pasivo, desde el momento en que esta pena se cumplió, al quedar privado de su escaño durante ese periodo de tiempo, sus derechos pudieron ser vulnerados. Asimismo, estimaban que tras haber sido sustituida la condena a prisión mediante el pago de una multa, la causa de ineligibilidad que también le fue atribuida se transforma en causa de incompatibilidad solo mientras dure la condena. Es decir, los 45 días tras los cuales Alberto Rodríguez trató sin éxito de recuperar su escaño.

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