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Un juez reabre el atentado de ETA que mató a una niña de seis años en 2002 en Santa Pola

La Audiencia Nacional investiga la responsabilidad intelectual de seis jefes de la banda en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola

Un juez reabre el atentado de ETA que mató a una niña de seis años en 2002 en Santa Pola

Exjefes de ETA leen un comunicado en una foto de archivo | EUROPA PRESS

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investigará la presunta responsabilidad intelectual de seis jefes de ETA en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante). Un ataque con el que la banda terrorista intentó perpetrar una masacre en esa localidad costera en pleno mes de agosto de 2002 y en el que fueron asesinadas dos personas: la pequeña Silvia Martínez, de tan solo 6 años de edad, y Cecilio Gallego Alaminos, un jubilado de 57 años de edad. Además, causó lesiones a decenas de personas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha admitido a trámite una querella interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) contra seis etarras que presuntamente componían la ZUBA (comité de dirección) de ETA y «ostentaban el dominio de la organización en el momento de los hechos», según un auto dictado por García Castellón, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en el que se acuerda la apertura completa del sumario de este atentado.

Los querellados son los exjefes del aparato militar Juan Antonio Olarra Guridi (alias Jokin) y Ainhoa Mugica Goñi (alias Olga); del exresponsable del aparato logístico Félix Ignacio Esparza Luri (alias Navarro, Gava y Ana); el exjefe del aparato político Mikel Albisu Iriarte (Mikel Antza); el que fuera jefe del aparato internacional Ramón Sagarzazu Gaztelumendi (Ramontxo, Txango y Lohintzun); y la exresponsable del aparato de tesorería María Soledad Iparraguirre Guenechea (Anboto).

En el auto, el juez García Castellón dispone la reapertura del sumario y acuerda la práctica de diligencias. En concreto solicita un informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía para conocer todos los datos referentes a los querellados y a su posible relación con los asesinatos de Silvia Martínez y Cecilio Gallego.

Autores «mediatos» del atentado

DyJ solicitaba que se les investigue como «autores mediatos» del asesinato de Silvia Martínez y Cecilio Alaminos, y por 51 tentativas de asesinato terrorista. También como responsables de la planificación y coordinación de la logística para poner a disposición de los dos autores materiales del atentado –Óscar Celarain Ortiz y Andoni Otegi Eraso, condenados a 843 años de cárcel– el coche bomba cargado de 100 kilos de explosivos procedente de Francia con el que se perpetró el ataque el 4 de agosto del año 2002.

«No podemos renunciar al esclarecimiento de esa otra responsabilidad como auténticos autores mediatos de los dirigentes supremos de ETA, de su ZUBA, que se valieron de esos dos peones, pero también de los otros peones aún no esclarecidos ni encausados en ese sumario», indica la querella. El escrito destaca que el coche bomba, traído desde Francia, iba cargado con el triple de explosivos utilizados en el atentado que acabó la vida en Madrid con la vida del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol dos años antes. Según DyJ, ETA buscaba perpetrar en Santa Pola una masacre con decenas de familiares de guardias civiles muertos: «Beirut en Santa Pola».

En la querella, al que ha tenido acceso este diario, DyJ enumera las cuestiones que aún no han sido esclarecidas pese a la condena firme contra Celarain Ortiz y Otegi Eraso. Entre otras incógnitas, la asociación presidida por Daniel Portero solicita esclarecer: «¿Quién transportó el coche desde Francia, cooperador necesario?» y «¿quién ‘cocinó’ la ‘mezcla reforzada’ especial y letal de esos 100 kg de explosivos antes de entregarla al conductor?».

El atentado de Santa Pola

A las 20.30 del 4 de agosto de 2002 una fuerte explosión sacudió las inmediaciones de la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola y retumbó en varios kilómetros a la redonda. Un coche bomba cargado con cincuenta kilos de explosivos y metralla acababa de estallar frente a la sede del Instituto Armado, en una zona cercana a varias paradas de autobuses. Como consecuencia, la niña de seis años Silvia Martínez Santiago, hija de un guardia civil, y Cecilio Gallego Alaminos, un jubilado de 57 años que esperaba en la parada del autobús, resultaron muertos.

Otras treinta personas resultaron heridas, entre ellas Borja, el primo de Silvia, que tenía tres años y medio y sufrió diferentes cortes. La zona del atentado estaba muy concurrida por turistas que pasaban sus vacaciones en pleno mes de agosto. Cinco días después del atentado, una llamada en nombre de ETA alertó de que los terroristas habían colocado una bomba en la playa de Santa Pola. La Policía no encontró el artefacto hasta 48 horas después de la llamada. Se trataba de una bomba de ocho kilos de cloratita que estaba enterrada entre dos palmeras y que los artificieros lograron desactivar.

Cecilio Gallego, natural de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), había sido empleado de la empresa Telefónica. Residía en Torrevieja, donde era conocido por su participación en actividades deportivas y su labor como profesor de guitarra en varios colegios públicos del municipio, que lo nombró hijo adoptivo a título póstumo. Estaba casado y era padre de cuatro hijos.

Querella DyJ

El autor de la querella es Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de DyJ y responsable de los escritos que han permitido reabrir varias investigaciones en la Audiencia Nacional contra los exjefes de ETA, por autoría mediata por dominio, en varios atentados. Entre otros, el del exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio de Querol, el del concejal del PP Gregorio Ordóñez o el perpetrado en la T-4 del aeropuerto de Barajas en el año 2006.

Dignidad y Justicia lleva diez años trabajando para que se abra esta vía tanto en los tribunales españoles como en el Parlamento Europeo, donde se ha denunciado que España no investigaba por autoría mediata a pesar de los informes policiales que habían identificado a los jefes y señalado indicios sobre su presunta implicación intelectual en varios de los crímenes perpetrados por la banda terrorista.

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