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Madrid alertó 80 veces del riesgo que corrían las tres menores víctimas de abusos sexuales

Las jóvenes han declarado en 13 ocasiones ante la Policía. El Gobierno de Ayuso ordena una auditoría sobre el sistema de protección de menores

Madrid alertó 80 veces del riesgo que corrían las tres menores víctimas de abusos sexuales

Concepción Dancausa. | Alejandro Martínez (EP)

La consejera de Juventud, Familia y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, explicará este jueves en la Asamblea regional que su departamento alertó en más de 80 ocasiones a las autoridades policiales y judiciales sobre la situación y evolución de las tres menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que figuran como testigos protegidos en la trama de explotación sexual desarticulada en la denominada Operación Sana, según desvelan fuentes del Ejecutivo regional a THE OBJECTIVE.

Dancausa comparece a petición propia para hablar de este caso que se conoció en el mes de enero, después de que la oposición haya pedido su reprobación tras negar inicialmente que las tres menores estuvieran bajo tutela de la Comunidad de Madrid. La consejera anunciará una auditoría sobre el sistema de protección de los jóvenes tutelados y precisará que durante el último año y medio, el Gobierno regional presentó numerosos escritos sobre el seguimiento de las menores a juzgados y Fiscalía, así como denuncias al Grupo de Menores (GRUME) ante las ausencias voluntarias del centro por parte de las jóvenes. 

Las citadas fuentes subrayan que la Comunidad intentó «sin éxito» que la Fiscalía y los juzgados incrementaran la protección de una de ellas ante el riesgo que corría cuando salía de las instalaciones en estas ausencias voluntarias. Asimismo, se denunció en tres ocasiones los abusos sexuales sufridos por otra de estas menores cuando no estaba en el centro. Estas actuaciones las llevó a cabo «sin tener conocimiento» de la investigación que estaban desarrollando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La colaboración entre los servicios sociales municipales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la entidad pública de protección de menores -en el caso de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad- y la Fiscalía son «fundamentales» para identificar y derivar a los menores que están desamparados, protegerlos en «entornos seguros» como son los centros de protección y hacer un seguimiento de su evolución «que permita detectar cualquier situación que les esté afectando», recuerdan. 

En este sentido, las fuentes inciden en que la Comunidad es la responsable de protegerlos «en el interior de los recursos» y denunciar «cualquier situación anómala», mientras que las autoridades policiales y judiciales son las encargadas de actuar para que también estén protegidos «fuera de los centros». 

Más de 5.400 denuncias y comunicaciones

La Comunidad de Madrid cuenta, en la actualidad, con casi 1.500 menores residentes en centros de protección, lo que genera un «considerable» tráfico de comunicaciones e informes. Dancausa hará hincapié en que las denuncias y comunicaciones realizadas por estos centros en 2021 con autoridades policiales y judiciales superaron las 5.400

De estas, casi 5.000 fueron denuncias de ausencias voluntarias de jóvenes al Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional para su localización y devolución. También hubo un centenar de denuncias por hechos delictivos contra menores, más de 250 informes de seguimiento a los juzgados y otro centenar de comunicaciones a la Fiscalía de Menores. Además, desde 2016 la Comunidad de Madrid se ha personado en 50 procedimientos penales relacionados con menores tutelados con el objetivo de defender sus intereses

En concreto, los expedientes de las tres menores tuteladas que están amparadas como testigos protegidas en esta operación policial suman en el último año y medio más de 80 comunicaciones entre sus centros de residencia y distintos estamentos policiales y judiciales. Al igual que en la estadística previa, las denuncias por ausencias voluntarias al GRUME fueron las más numerosas, junto con los informes de seguimiento al fiscal y a los juzgados que autorizan su entrada en los centros.

Las tres presuntas víctimas de abusos sexuales han declarado 13 veces ante los investigadores de la Policía Nacional, según revelan las citadas fuentes. «Ha sido durante los últimos meses y estas declaraciones, denominadas ‘exploraciones’, siempre se han producido en presencia de los educadores del centro», precisan. 

Estas tres adolescentes residen en un centro de protección de la Comunidad de Madrid especializado en el tratamiento de menores con trastornos y problemas de conducta. Desde la Consejería de Juventud, Familia y Política Social se hace hincapié en que se trata de un centro abierto como el resto de la red de protección. Es decir, sus usuarios no han cometido ningún delito y, por tanto, tienen derecho por ley a salir de las instalaciones como parte del proceso educativo y de aprendizaje de cualquier menor. 

Pero este centro tiene una particularidad: el ingreso de un menor en sus instalaciones solo puede hacerse con una autorización judicial que permite a su director establecer ciertas restricciones a los movimientos y salidas de los menores. Según el artículo 34 de la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, estas restricciones deben comunicarse a la Fiscalía y realizarse en los términos que marca esa autorización «en interés del menor, de manera motivada y cuando su tratamiento educativo lo aconseje».

Por tanto, no se puede ni se debe restringir la libertad de movimiento ni los derechos fundamentales a estos menores en los centros de protección «porque el objetivo de estos recursos es protegerles y, desde la intervención, formarles y educarles; no aislarles», subrayan las fuentes.

Ausencia de relaciones con la prostitución

En este sentido, las limitaciones en las salidas se aplicaron a una de las tres menores protegidas, identificada en el procedimiento como TP1. Llegó a este centro especializado en septiembre de 2021, tras pasar por otros centros de protección de los que se ausentaba «frecuentemente»; ausencias en las que se ponía en situaciones de riesgo y que ya habían alertado a la Policía, que sospechaba que podría estar relacionada con la prostitución

«TP1 se adaptó bien al nuevo centro, colaboraba y tenía una evolución positiva, pero sus educadores temían que en alguna de las salidas enmarcadas en su proceso educativo volviera a ponerse en peligro», inciden las fuentes del Ejecutivo madrileño. Debido a esta situación de riesgo y en coordinación con la Policía, la dirección del centro solicitó el pasado 21 de octubre a la Fiscalía de Menores «ampliar la privación de salidas de ocio o de tiempo libre» que la menor «podría empezar a disfrutar tras haber superado la primera fase de adaptación a la Residencia».

La petición se acompañó de un extenso informe que argumentaba la necesidad de esta medida, elaborado por los psicólogos y psiquiatras que trabajan con ella en el centro. La Fiscalía del Menor respondió ese mismo día con una nota remitida a la Dirección General de Infancia de la Comunidad de Madrid.

En ella, el Ministerio Fiscal pedía a su vez a la Comunidad que recabase autorización «de restricción de salidas de ocio de la menor, por riesgo para la misma, ante la autoridad judicial que autorizó el ingreso». La nota señalaba al final que la Fiscalía carecía «de competencia al efecto».

Ante esta respuesta, el centro de menores dirigió la misma petición motivada al Juzgado número 1 de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, que era el que había autorizado previamente el ingreso de la menor en la citada residencia tutelada. «La comunicación se remitió el 25 de octubre de 2021, pero nunca obtuvo respuesta», revelan.

Tres denuncias ante la Guardia Civil

La Comunidad de Madrid también actuó «con todas las garantías» para alertar de la situación de otra de estas menores, identificada como TP2, que reside desde mediados de 2020 en el mismo centro especializado en trastornos de conducta. Desde su llegada al centro, esta joven tenía «varias ausencias voluntarias». Por ejemplo, no regresaba a la hora prevista y los educadores daban parte al GRUME para que la devolvieran a las instalaciones cuando la localizaran. 

La menor contó el 25 de septiembre de 2020 a sus educadores que el día anterior había sufrido una agresión sexual. «Inmediatamente, una de las trabajadoras del centro se personó en el cuartel de la Guardia Civil más cercano para presentar una denuncia por estos hechos en representación de la menor», hacen hincapié desde el departamento de Dancausa.

A finales de octubre de ese mismo año, volvió a ausentarse voluntariamente tras una cita médica y regresó unos días después, «pero no fue hasta febrero de 2021 cuando narró a sus educadores que en esa ‘fuga’ de octubre del año anterior había sufrido una agresión sexual en una localidad de la provincia de Toledo en la que fue retenida». Una educadora volvió al cuartel de la Guardia Civil el 18 de febrero del año pasado e interpuso una nueva denuncia por estos hechos.

Finalmente, a finales de agosto, TP2 no regresó de su periodo vacacional. El día 30, el centro comunicó esta ausencia voluntaria al GRUME y el 31 recibieron una llamada de la madre de la menor, explicando que su hija se había puesto en contacto con ella y le había contado que había sido víctima de una agresión sexual. Los profesionales le pidieron que fuera con su hija a la Policía, donde una educadora recogió a la menor y la llevó al centro. 

Al día siguiente, 1 de septiembre, uno de sus responsables, esta vez la directora, volvió por tercera vez al cuartel de la Guardia Civil, donde denunció esta agresión que la menor no quiso detallar el día anterior a los agentes por miedo y que, una vez dentro de la seguridad de su residencia, contó a sus educadores y a su psicóloga. 

Una semana después, agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional acudieron a las instalaciones y la menor ratificó la denuncia, siempre acompañada por una educadora. «Después se produjeron más declaraciones, se aceleró la investigación y gracias a este testimonio se empezaron a atar cabos y a establecer conexiones con otras investigaciones en curso, que se desencadenó en la operación policial comunicada públicamente el 3 de enero de 2022», concluyen las citadas fuentes. 

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