La insumisión del Govern sobre el castellano en los colegios pone en riesgo los fondos europeos para España
La llamada a la desobediencia del conseller vulnera los criterios de la UE que permiten vincular el desembolso con el respeto al Estado de derecho
Imagen de la justicia y el respeto al Estado de derecho | UE
La ratificación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que establece un mínimo de 25% de clases en castellano en las escuelas públicas de la región puede tener consecuencias fuera del ámbito educativo. El hecho de que el conseller de Educación, Josep González-Cambray, remitiera una carta a los directores de los centros educativos para que no cambien su proyecto lingüístico docente y, en consecuencia, alentara a desobedecer a los tribunales, vulnera los criterios de la Unión Europea para acceder a los fondos Next Generation EU.
El Parlamento Europeo aprobó en el pleno del 16 de diciembre de 2020 un acuerdo, alcanzado junto al Consejo, por el que se establecía un mecanismo que permite la suspensión o reducción de fondos europeos cuando se produzcan violaciones del Estado de derecho en los países miembros. Aunque este artículo estaba orientado inicialmente hacia países como Polonia y Hungría, estas medidas son extensibles al resto de países como España. En especial, cuando existe una prueba explícita como es la misiva de un representante público alentando a incumplir una sentencia en firme y en un contexto en el que la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo ya solicitó hasta en dos ocasiones a la Generalitat y al Gobierno información sobre la situación de los niños castellanohablantes que quieren educarse en su lengua materna.
Ante estos antecedentes, y según ha podido saber THE OBJECTIVE, la Asamblea por la Escuela Bilingüe estudia llevar la carta de Cambray ante la Comisión Europea, al considerar que la posición del Govern en materia educativa atenta contra el Artículo 7 del Tratado de la Unión Europeo, relativo a garantizar «los derechos humanos el imperio de la ley» en todos su estados miembros.
El artículo en cuestión recoge la posibilidad de sancionar a España o cualquier otro estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como los derechos humanos o el imperio de la ley y puede implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo. Antes de sancionar, sin embargo, la Comisión abre una vía de diálogo con el país para intentar resolver la cuestión.
Contra una sentencia firme
En este sentido, y aunque finalmente no se impusieran sanciones a España por parte de las instituciones comunitarias, este desafío a la división de poderes sí puede obstaculizar la llegada de los fondos para la recuperación tras la pandemia.
Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe no tienen dudas de que la carta del consejero de Educación contra la providencia del tribunal sentenciador «abre vías penales desde ya» que podrían derivar en su posible inhabilitación como máximo responsable en Educación y ante su explícita llamada a desobedecer.
Además, aunque el Gobierno central haya afirmado que no está obligado a actuar -ya que considera que es competencia de la Generalitat pedir la ejecución de la sentencia- el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña puede iniciar un incidente de ejecución si cualquier ciudadano o entidad afectadas lo reclama.
La anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del 16 de diciembre de 2020, ya dictaba que el castellano debía ser también lengua vehicular con carácter general. Es decir, no sólo en aquellos centros educativos donde las familias se habían quejado por la vulneración de sus derechos lingüísticos. El recurso a dicho auto por parte del Govern, sin embargo, sirvió para ganar tiempo y demorar su aplicación.
Ahora, la providencia del Supremo donde ratifica la sentencia del TJSC obliga a la Generalitat a su cumplimiento «de manera efectiva e inmediata». Y aunque el propio Govern quiera recurrir ante la justicia europea, no podrá evitar que cualquier vulneración de esta sentencia por parte de un centro derive en consecuencias judiciales.
Discrecionalidad de los fondos
No hay que olvidar tampoco que la Comisión Europea goza de discrecionalidad a la hora de repartir estos estímulos para reactivar la economía de los Estados miembros. Y más allá de la vía judicial que estudia la AEB, se halla también la cuestión política: Bruselas no quiere elementos susceptibles de desestabilizar España como es una llamada tan explícita por parte de un servidor público a no cumplir con la legalidad.
Si España debe realizar planes realistas de inversión para garantizar que se ejecuten la totalidad de los fondos, así como emprender reformas estructurales como condición previa a la llegada de este dinero, tampoco puede permitirse un pulso contra el poder judicial en una parte de su territorio.
La postura actual del Gobierno.
Desde el Ejecutivo aseguran que “el Gobierno no se ve obligado a ejecutar la providencia” y que es la Generalitat de Cataluña a quien se le reclama una actuación por parte del Alto Tribunal. En caso contrario, debería de ser el Supremo quien vele por el cumplimiento de su dictamen”.
El Gobierno renuncia por tanto a presentar un incidente de ejecución de sentencia a través de la Abogacía del estado, procedimiento que ya utilizó el Gobierno de Mariano Rajoy para actuar en las leyes contra el procés en 2017. No obstante, fuentes consultadas por THE OBJECTIVE informan de que «se han solicitado informes jurídicos» de la Abogacía del Estado para delimitar las ‘obligaciones’ del Gobierno. También desde el Ministerio de Educación alejan el foco de la Administración central del estado y lo ubican en el Tribunal Supremo de Justicia que es «quien tiene que velar por la ejecución» de esta decisión.
En público, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, aseguró que «el Gobierno respeta las sentencias y las acata cuando le corresponde», si bien en esta ocasión no se concernido por la cuestión porque «no tiene esas competencias». Una versión que concuerda con la ofrecida por el conseller de Educación, Josep González-Cambray, quien aseguró este miércoles haber hablado telefónicamente con la ministra del ramo, Pilar Alegría, quien le aclaró que no le corresponde actuar al Gobierno. Algo que concuerda también con la ministra de Justicia, Pilar Llop: «Corresponde al propio órgano sentenciador darle impulso a la ejecución».
