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El Gobierno descarta cesar a Dolores Delgado por los vínculos de Garzón con PDVSA

El Gobierno descarta cesar a Dolores Delgado por los vínculos de Garzón con PDVSA

Eduardo Parra | Europa Press

El Gobierno descarta cesar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado por los vínculos del exjuez Baltasar Garzón, pareja de la jefa del Ministerio Público, con la petrolera estatal venezolana PDVSA, una información que publicó en exclusiva THE OBJECTIVE.

Así lo ha asegurado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en una respuesta parlamentaria a Vox emitida el 27 de octubre. Según ha precisado en el texto recogido por Europa Press, «actualmente no se da ningún supuesto» de los que contempla el artículo 31.1 de la Ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para cesar a Delgado del cargo.

El pasado 28 de octubre, el Gobierno también respondía al diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero y se desmarcaba de los vínculos de la Fiscalía General del Estado con Ilocad, el bufete de Garzón, y el contrato de 8,8 millones de euros de PDVSA, tal y como pudo saber THE OBJECTIVE.

La normativa establece que el mando de la fiscal general tendrá una duración de cuatro años y que «únicamente» se le podrá cesar por los siguientes motivos: a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la ley, en caso de incapacidad o enfermedad que la inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o cuando cese el Gobierno que le ha propuesto.

Vox asegura que el caso es «especialmente grave»

La formación liderada por Santiago Abascal preguntó al Ejecutivo si tenía intenciones de destituir a Delgado a raíz de las publicaciones sobre la presunta contratación por parte de PDVSA del despacho del exjuez Garzón.

En el marco de la exposición de motivos de su pregunta, Vox ha recordado que, «según ha aparecido publicado en medios de comunicación», el despacho de abogados Ilocad –propiedad de Garzón– fue contrato en 2016 por la petrolera venezolana «para la prestación de diversos servicios por un importe de 8,8 millones». Cabe recordar que entonces Delgado no era ni Ministra de Justicia ni fiscal general.

«El objeto de este contrato constituía, principalmente, la interposición de acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho. Sin embargo, entre las tareas encomendadas también se preveía la ‘coordinación con la Fiscalía y Tribunales de España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial», ha señalado el partido.

La formación considera que «uno de los trabajos previsto en el contrato afectaría de plano a los procedimientos en los que el despacho de abogados defiende los intereses de la empresa estatal venezolana e incluso en los que la Fiscal General estaría interesada personalmente», lo que a su juicio es «especialmente grave».

Tras la publicación de THE OBJECTIVE el despacho de Garzón expuso en un comunicado que fue contratado por el bufete americano Squire Patton Boggs, «que es quien ha llevado la defensa a nivel mundial de los intereses de PDVSA y su filial Bariven», para estudiar la viabilidad de emprender acciones legales en España contra varios empresarios y exfuncionarios de la petrolera venezolana por delitos de organización criminal y blanqueo.

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