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La Fiscalía de Venezuela rechaza la Constituyente convocada por Maduro

La cohesión del chavismo ha sufrido este viernes un golpe luego de que la fiscal general de Venezuela, la oficialista Luisa Ortega Díaz, expresase su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, por considerar que cambiar la Carta Magna «aceleraría la crisis» en el país caribeño.

La Fiscalía de Venezuela rechaza la Constituyente convocada por Maduro

Reuters

La cohesión del chavismo ha sufrido este viernes un golpe luego de que la fiscal general de Venezuela, la oficialista Luisa Ortega Díaz, expresase su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, por considerar que cambiar la Carta Magna «aceleraría la crisis» en el país caribeño.

Según una carta difundida por varios medios locales que, aseguran, es la respuesta de la fiscal al jefe de la comisión presidencial para el proceso constituyente, Elías Jaua, Ortega ha comunicado su rechazo a esta iniciativa y sostuvo que la actual Constitución es «inmejorable».

En esta misiva, la Fiscal opina que, «para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente, ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución«.

Y, por el contrario, afirma que el llamado a Constituyente hecho por el presidente Nicolás Maduro «en lugar de propiciar equilibrios o generar un clima de paz (…) aceleraría la crisis» y «generaría un alto grado de incertidumbre».

Esta es la segunda vez que la Fiscal fija una posición adversa al Gobierno de Maduro.

La primera fue a finales de marzo pasado cuando afirmó que se había producido una «ruptura del hilo constitucional» en el país tras las dos sentencias del Supremo que despojaban de sus funciones al Parlamento -controlado por la oposición-, y limitaban la inmunidad de los diputados.

La fiscal ha criticado al Gobierno de Maduro por la violencia desatada en el marco de una ola de manifestaciones que ha sacudido la nación caribeña en los últimos 49 días, que según los datos del Ministerio Público se han saldado con 46 fallecidos. El último un joven de 18 años llamado Daniel Rodríguez que ha sido asesinado en el Estado Táchira (oeste), según ha dicho la Fiscalía, por “un grupo de motorizados (motoristas) que transitaba por el lugar comenzó a disparar» y «el estudiante de Derecho resultó herido de bala en la cabeza».

Varios diputados opositores han responsabilizado de esta muerte al llamado Plan Zamora que ha lanzado el Gobierno de Nicolás Maduro para mantener el orden público, así como a «colectivos armados» afectos al oficialismo.

El dirigente opositor Henrique Capriles había alertado de una segunda fase del denominado plan (del que se desconocen detalles) en el oeste del país, en el que hacía «uso de grupos paramilitares como fuerza de choque para acabar con las protestas».

Entretanto, el Gobierno de Nicolás Maduro continúa en su afán de reformar el orden jurídico del país y luego de varias peticiones a la Iglesia católica para que esta acudiera al llamado a conversar sobre la Constituyente, la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) ha recibido este viernes a la Comisión Presidencial para este proceso.

Luego de este encuentro, los obispos reiteraron que redactar una nueva Carta Marga «es innecesario» por dos razones; la primera porque «lo que necesita no es una reforma sino pleno cumplimiento», ha dicho a la prensa el presidente de la CEV, monseñor Diego Padrón.

La segunda razón es que «lo que el pueblo necesita» y «reclama» es «comida, medicina, seguridad, paz y elecciones justas».

Tras 49 días de protestas, la oposición venezolana ha llamado para este sábado a una concentración para dar la «mayor demostración de fuerza» hasta el momento.

Estas convocatorias forman parte de una agenda de manifestaciones que inició hace mes y medio cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió las sentencias contra el Parlamento y por lo que este jueves el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha impuesto sanciones a los magistrados integrantes de la cúpula judicial.

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