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La OEA declara que en Venezuela hay “alteración del orden democrático”

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha adoptado este lunes en una tensa sesión una resolución que afirma que en Venezuela hay una «grave alteración inconstitucional del orden democrático» y exige al Gobierno de Nicolás Maduro que restaure «la plena autoridad» de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

La OEA declara que en Venezuela hay “alteración del orden democrático”

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha adoptado este lunes una resolución que afirma que en Venezuela hay una «grave alteración inconstitucional del orden democrático» y exige al Gobierno de Nicolás Maduro que restaure «la plena autoridad» de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

El texto no se ha sometido a votación, sino que ha sido aprobado «por consenso» al haber 23 Estados presentes en la sala y abstenerse solo cuatro de ellos: República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador.

El documento, el más duro adoptado en la OEA contra Maduro, lo han presentado Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Una tensa sesión

En el momento de la presentación y debate de la resolución no se ha contado con la presencia de Bolivia, Venezuela ni Nicaragua, quienes han abandonado la sesión tras denunciar que se ha tratado de una reunión «ilegal» y un «golpe de Estado institucional» al haberse celebrado pese a que Bolivia, titular de la presidencia del Consejo, la ha suspendido esta mañana.

Al no presidirla Bolivia, ni Haití (vicepresidente), lo ha hecho el embajador con más antigüedad en la OEA (después del de Bolivia), el de Honduras, Leónidas Rosa Bautista.

La resolución incorpora la posibilidad de, «en la medida que sea necesario» y en el marco de la Carta Democrática Interamericana, emprender «gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática», «incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial».

Fuentes diplomáticas han explicado que la posibilidad de que los cancilleres se reúnan en la OEA para abordar este tema es algo que se está negociando pero para lo que todavía no hay fecha.

El texto indica que «a pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas sentencias (del Supremo sobre la Asamblea Nacional), es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático».

De esa manera, los firmantes instan a Venezuela a «actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional», según la versión final del texto adoptada.

En el documento, expresan «su profunda preocupación por la grave alteración inconstitucional  del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y su apoyo continuo al diálogo y a la negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático».

Indican además que «las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y de arrogárselos a sí mismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela».

Los países se comprometen asimismo a mantenerse dispuestos «a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y el Estado de derecho en el marco constitucional de Venezuela».

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El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, ha advertido antes de salir de la sala que cualquier cosa que fuera aprobada en esta sesión no sería tomada en cuenta por su Gobierno al considerar que la reunión es «ilegal». | Foto: Jose Luis Magana / AP Photo.

La adopción de la resolución culminó una de las jornadas más tensas que se recuerdan en la OEA, la cual ha iniciado a primera hora de la mañana cuando Bolivia ha dado el paso insólito de suspender unilateralmente una sesión convocada el viernes por la presidencia del Consejo, que entonces tenía Belice, a petición de 20 países.

A la sesión ha acudido la canciller de Argentina, Susana Malcorra, como presidenta pro témpore del Mercosur para explicar que ese organismo declaró el sábado que en Venezuela hay una «ruptura del orden constitucional».

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha considerado que con la adopción de la resolución «se dio un paso importantísimo para el restablecimiento de la democracia en Venezuela».

A la par de la sesión, en Venezuela una protesta ha dejado cuatro heridos

Cuatro personas, incluyendo dos diputados de la oposición, han resultado heridas este lunes en una protesta en en la Defensoría de Caracas contra la sentencia del TSJ.

Los diputados heridos son Juan Requesens y José Brito. La Asamblea Nacional, que tiene una mayoría opositora, ha denunciado que sus diputados fueron nuevamente agredidos por «grupos parapoliciales» (adeptos al gobierno) durante la manifestación.

Brito ha sufrido heridas en el pecho, con fractura de una costilla, según ha informado el también diputado y médico José Manuel Olivares. Requesens, en tanto, ha sido golpeado por una botella en la frente y ha sufrido un corte del que sangró profusamente.

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Diputado del partido Primero Justicia, Juan Requesens, luego de haber sido amedrentado por un adepto al gobierno. | Foto: Carlos García Rawlins / Reuters.

A la Defensoría ha acudido un grupo de diputados del partido Primero Justicia (PJ) en rechazo a las sentencias del TSJ, que ha limitado la inmunidad de los diputados y ha asumido las atribuciones de la Asamblea.

El Poder Legislativo sostiene que aunque posteriormente el TSJ haya “suprimido” las sentencias, «con tachaduras del texto no se supera el golpe de Estado perpetrado a la Constitución».

Según la Constitución venezolana, «los magistrados del Supremo podrán ser removidos por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano».

El defensor del pueblo apoya al TSJ

Tarek William Saab, defensor del Pueblo de Venezuela, ha respaldado al TSJ al negar que hubiese una ruptura del orden constitucional, mientras que la oposición, representada en varios sectores de la sociedad, ha pedido a la Fiscalía procesar a los miembros de la alta magistratura pues alegan que han cometido delitos al publicar estas sentencias y que han usurpado las facultades de otros poderes públicos.

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El defensor del pueblo, Tarek William Saab, ofrece una conferencia de medios en Caracas. | Foto: Ariana Cubillos / AP Photo.

Saab, quien además preside el Poder Ciudadano en Venezuela, ha cuestionado que hubiese una ruptura del orden constitucional tal y como señaló la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, el pasado viernes tras las dos sentencias del TSJ que despojaban de sus competencias al Parlamento y a los diputados parcialmente de su inmunidad.

Según Saab, lo que ha dicho en esa oportunidad la fiscal fue una «opinión».

Una protesta para respaldar a la Asamblea

Los diputados se preparan para la sesión de mañana, en la que debatirán la eventual destitución de los siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, que firmaron las dos sentencias la semana pasada.

En este sentido, los opositores han convocado a sus simpatizantes a respaldar al Parlamento con una manifestación cuyo objetivo final es concluir en la sede del Legislativo, lugar al que posteriormente el chavismo ha decidido también acudir con una marcha paralela convocada este lunes por el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Adán Chávez.

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