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Teodoro León Gross

¡No es la Justicia, estúpidos!

«La realidad es que lo del CGPJ siempre ha sido una negociación partidista, secreta y ventajista»

Opinión
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¡No es la Justicia, estúpidos!

El rey Felipe, junto al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes (i), y la ministra de Justicia, Pilar Llop. | J.J. Guillén (EFE)

Una democracia que coquetea con la separación de poderes, siquiera con desdibujar esas líneas rojas al dictado la partitocracia, juega con fuego. Y esa es la nuez. De momento ya me disculparán el recurso al titular con la manoseada frase de Clinton sobre la economía, pero es la exclamación natural ante los titulares campanudos y los editoriales hipócritas que se ponen estupendos hablando de la cuestión de la Justicia. Anda ya. Esto no va de la Justicia, ni siquiera de la justicia en minúsculas, sino de política, por supuesto sin mayúscula, y su descarnada batalla por el poder.

Más allá de las trincheras del PSOE y del PP, con sus barricadas mediáticas, no es un asunto de buenos y malos, sino algo peor. Es fácil quedarse en la mirada plana del y tú más, pero conviene cierta perspectiva. Hay varios hitos a los que regresar, demasiados, como la negociación de Bolaños y Egea, año y medio atrás. El acuerdo alcanzado en febrero de 2021 se frustra al incluir a José Ricardo de Prada, el magistrado que trufó en la sentencia de Gurtel con una frase sobre la caja B, después devuelta a los corrales por el Tribunal Supremo, que sirvió de coartada para la moción de censura de Frankenstein. El PP vetó a De Prada, pero el PSOE se enrocó ahí. ¿De verdad De Prada prevalecía sobre acuerdo? Por más que Roma pague a traidores, ahí se constató el juego del ratón y el gato entre ambos.

Ya había sucedido alguna vez en la otra orilla con el nombre de Enrique López. En este asunto casi todo ya se ha visto antes.

Volvamos a otro punto: noviembre de 2018. Tras la moción de censura, Sánchez apenas lleva meses en el poder. El lunes 17 se difunde el acuerdo para la renovación del Poder Judicial, con Marchena de presidente. Y en tres días se frustra el acuerdo por la filtración de un lamentable whatsapp de Cosidó a los senadores de su partido con el mensaje de que mantenían su poder con ese acuerdo «controlando la Sala Segunda por detrás». Más allá de la tormenta obvia sobre el patán de turno, una y otra vez el problema no es el acuerdo sino el modo en que conciben esta negociación. La retórica de la constitucionalidad y de la independencia a la que apelan unos y otros está sobradamente desmentida por ellos mismos.

«En esto, como en todo, Sánchez ha acabado haciendo exactamente todo lo que había dicho que no haría al llegar al poder»

La realidad es que siempre ha sido una negociación partidista, secreta y ventajista. Todo lo que no debe ser. El PP no quiere renunciar a tener preeminencia en el Poder Judicial, de mayoría conservadora,y el PSOE busca denodadamente una mayoría progresista sin ocultar su ansiedad bajo sospecha por su alianza con independentismo. Por cierto, todo muy lejos de lo que decía Pedro Sánchez ante de llegar al poder: «Hay que despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y que sea independiente. Por eso, he propuesto al PP que los partidos dejemos de proponer candidatos». En plena irrupción de Podemos y Ciudadanos por el descrédito de los partidos tradicionales, Sánchez admitía que la elección partidista del poder judicial formaba parte de  «las comodidades del bipartidismo» que tanto daño había hecho. Y ya ven ahora. En esto, como en todo, Sánchez ha acabado haciendo exactamente todo lo que había dicho que no haría al llegar al poder: pactar con Podemos, pactar con Bildu, pactar con el independentismo… y así hasta el gasto militar, Sáhara o, claro está, el Poder Judicial.

Eso sí, todavía cabe preguntarse por qué las presidencias del Congreso y del Senado siguen sin cumplir con su obligación constitucional de convocar un pleno para el nombramiento de los vocales, según la ley vigente, como recordaba ayer el magistrado Miguel Pasquau. La iniciativa de la renovación no es competencia de Sánchez o Feijóo, sino suya. El art. 568.1 LOPJ dice que «los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo». Es realmente absurdo parapetarse en que Ferraz y Génova no cierran ese acuerdo. Pero las presidencias de las Cortes sirven a Moncloa, léase a Pedro Sánchez en este caso, que paradójicamente va dando lecciones de constitucionalismo.

Así que el problema va más allá del mangoneo sobre el poder judicial, con las exhibiciones más impúdicas en la Fiscalía General donde se tocó fondo al mandar a Dolores Delgado desde el Gobierno. Esto remite a la separación de poderes. De hecho, afecta también al poder legislativo, cada vez más servil a Moncloa, como acreditó Meritxell Batet con la Comisión de Secretos Oficales. Todo el sistema al dictado de la partitocracia.  

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