¿Viene un tsunami?

Ya hay un consenso generalizado sobre la gravedad de la crisis económica. En el caso español, solo falta el Gobierno por rectificar la previsión de crecimiento para 2.022, coincidiendo las rectificaciones en situarlo en torno al 4% frente al 7% previsto en el cuadro macroeconómico que se utilizó para elaborar los Presupuestos. Sin embargo, la nueva estimación de aumento del PIB -el citado 4%- es de máximos. O lo que es lo mismo, se corresponde con una concepción de mínimos relativa a la intensidad de la actual crisis. Quiere decirse que de ahí no podemos ir a mejor, pero lamentablemente sí podemos empeorar. Y el cielo viene nublado.

Podemos ir a peor si la guerra Ucrania-Rusia se enquista en el tiempo o si Putin intensifica la barbarie bélica que ha iniciado. Podemos ir a peor si los países europeos superan de una vez las veleidades epicúreas de su población y se deciden por fin a cortar de plano las importaciones de gas y de petróleo procedentes de Rusia. Podemos ir a peor si se confirma el default de pagos de la deuda soberana rusa. Todo lo anterior con carácter general, pero en el caso de España también podemos ir a peor si además se cumplen las negras expectativas sobre el encarecimiento del gas que importamos de Argelia. Y también podemos empeorar si se confirma el riesgo de repunte de la morosidad y su posible efecto en cadena. En definitiva ¿Dónde hay que firmar que nuestro PIB aumente este año un 4%? ¡Ojalá!, en estos momentos parece el mejor de los escenarios posibles, el más optimista. 

Lo descrito sugiere que España se enfrenta a una situación de evidente emergencia económica, en la que la única certeza existente es el enorme grado de incertidumbre que pesa sobre el futuro inmediato. Un síntoma evidente es la disminución de la publicidad en los medios de comunicación. Es una verdad estadística ya contrastada que la disminución de contratación del sector anticipa las crisis, y en esta ocasión el anticipo está siendo de órdago.

En el escenario descrito lo ortodoxo sería una respuesta rápida y contundente de las autoridades económicas. Sin embargo, la reacción del Gobierno español no cumple ninguno de los dos requisitos: ni rapidez ni contundencia. Que tardáramos entre dos y tres semanas más que nuestros vecinos en aprobar las medidas que se aprobaron el 29 de marzo es una muestra de falta de agilidad. Que en lo aprobado faltaran decisiones que se antojan necesarias supone un error de diagnosis. ¿Por qué no se aprobó ninguna medida de contención del gasto público? ¿Por qué no se aprobó ninguna medida de ahorro energético? ¿Por qué no se hizo ningún esfuerzo en lograr un pacto de Estado anticrisis?

No está de más repasar nuestra Historia. Y al repasarla, no está de más recordar la situación a la que se enfrentaba España en 1978: segunda gran crisis petrolífera  solo cinco años después de la primera; una inflación desbocada que amenazaba con convertirse en híper inflación; un nivel de paro alarmante, un desorden creciente en las cuentas públicas… En el escenario apuntado, recordemos lo que no hizo y lo que sí hizo Adolfo Suarez, a la sazón presidente del Gobierno. Desde luego no se le ocurrió diseñar en solitario planes y medidas requiriendo después la adhesión del arco parlamentario. Por el contrario, convocó al conjunto de fuerzas políticas, sindicales y empresariales para que, juntos y en consuno, se elaboraran los que acabaron siendo los Pactos de la Moncloa, instrumento que sirvió para sortear el vendaval económico que sufría España. 

Mutantis mutandis, lo que reclama la actual encrucijada económica es una actitud de Estado por parte de Pedro Sánchez que, aviniéndose a acordar con los demás la inevitable terapia anticrisis, induzca a conseguir el plan de choque que necesita urgentemente España. Si lo hiciera y los demás -todos o algunos- no participan en la solución, la responsabilidad histórica será de los que no se avengan a ello. Si no lo hace, el único responsable será él.