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Fernando Fernández

De Villanueva a don Benito y otras eficiencias 

«Las crecientes peticiones de condonar la deuda autonómica hacen el sistema explosivo, insostenible, al crear un inmenso riesgo moral»

Opinión
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De Villanueva a don Benito y otras eficiencias 

Referéndum de fusión entre Don Benito y Villanueva. | Jorge Armestar (EP)

Que me perdonen mis buenos amigos extremeños, pero nunca pensé que de ahí podrían venir algunas lecciones para la economía española en su necesaria consolidación fiscal inteligente de la que hablé la última vez. Los economistas somos una tribu obsesionada con la sostenibilidad de las cuentas públicas, más cuando la prima de riesgo vuelve a dispararse por encima de los 100 puntos básicos. Y nos enzarzamos en discutir de la reforma fiscal y del coste servicio de la deuda, de la explosión del gasto sanitario y en pensiones. Hablamos mucho menos de la eficiencia de las administraciones públicas.

Y sin embargo, la literatura del crecimiento económico superó hace muchos años el debate sobre el tamaño óptimo del Estado para concentrarse en la importancia de la eficiencia en la provisión de los servicios públicos esenciales. Lo importante no es que el Estado sea grande, como muchos de nuestros políticos siguen pensando, sino que funcione bien. Y para eso hay que medirlo, evaluarlo. Pero en eficiencia y evaluación estamos mal, muy mal. Estudios de BBVA Research nos sitúan en el furgón de cola en eficiencia del gasto público en Europa. Bruegel, unos de los mejores think tanks europeos de economía, apunta a la mala calidad de las políticas públicas como una razón adicional del mayor impacto económico y social de la pandemia en España.

Hemos construido y desarrollado un Estado de las Autonomías por razones políticas, históricas, sentimentales o de mera conveniencia. Comparto la opinión que pudo haber sido el gran hallazgo de la Constitución del 78. Pero vendría bien intentar dotarlo de un poco de eficiencia económica, precisamente para hacerlo sostenible. Lo hemos dejado crecer por inercia en una inagotable carrera por la diferenciación autonómica hasta límites enfermizos. Como si acercar la administración al administrado no fuera en muchas ocasiones un peligro, una receta segura para la captura del regulador. Que me perdonen mis paisanos pero la cooficialidad del asturiano, y del eo-naviego que se habla en mi pueblo que también existe, es el mejor ejemplo de esa estupidez ambiental que se hace pasar por progresista.

Afortunadamente en lugares insospechados se mantiene el sentido común. Villanueva y Don Benito han decidido fusionar sus dos municipios y así ahorrar hasta un 14% del gasto de ambas administraciones, según un estudio de la Universidad de Extremadura. La mera aplicación de economías de escala en la provisión de los servicios municipales y la eliminación de duplicidades innecesarias parece permitir ese ahorro. Se habla de una reducción de 42 a 25 concejales, más simbólica que cuantitativamente importante en términos de gasto. Pero la gran decisión a tomar es qué hacer con ese ahorro del 14%. Habrá innumerables tentaciones para aumentar la oferta y calidad de los servicios públicos, aunque lo deseable en términos de eficiencia es que se devuelva al bolsillo de los ciudadanos. Porque nada hay al fusionarse que aumente automáticamente la preferencia social por los bienes públicos.

Es un hecho conocido que la demanda a precio cero es infinita. Nada más cierto en los servicios públicos, como bien conocen todas los administradores, públicos o privados. Ese es el principal argumento para instalar mecanismos de copago, tan denostados en un país  que sin embargo tiene un buen blog de economía  precisamente con ese nombre: nada es gratis. Es el mismo argumento que lleva a todos los que se han acercado seriamente al tema de la financiación autonómica a pedir profundizar en los mecanismos de corresponsabilidad. Porque no puede ser que unos gasten y se lleven los votos y otros cobren y se les castigue por ello.

En mi caso, esta idea de la corresponsabilidad me ha llevado a pedir que el sistema de financiación sea claro y contundente. Si las comunidades autónomas pueden gastar y endeudarse sin disciplina externa, sin control del Gobierno central, entonces su deuda no puede ser avalada por el Estado y ha de permitirse su quiebra y la correspondiente dejación en la provisión de servicios. Como ese castigo, existente en Estados federales consolidados como Estados Unidos, me parece políticamente indeseable e inviable en España, como demuestra la historia de los fondos de rescate autonómicos llamados eufemísticamente de apoyo a la liquidez, la lógica inevitable es que el Gobierno central ha de contar con mecanismos de intervención, de control de gasto, de limitación de la soberanía fiscal de las CCAA. Como sucede con los entes locales.

El sistema actual es insostenible y nos está llevando al absurdo de castigar a los que han sido responsables en su gasto. Las crecientes peticiones de condonar la deuda autonómica no solo hacen el sistema explosivo, insostenible, al crear un inmenso moral hazard, riesgo moral, de libro de texto. La hacen además más ineficiente, porque convierten el gasto autonómico en gratis, en gratis para sus responsables, para los gestores autonómicos. Porque saben que al final lo pagarán o restructurarán otros. No estamos ante un mero problema teórico. Permítanme que les ponga un ejemplo mas sangrante, y que aun me hará menos popular: el gasto en las universidades públicas. No tienen incentivo alguno a ser austeras ni eficientes, no ha habido consejería de hacienda que se haya atrevido a no hacer frente a sus deudas, en algunos casos conocidas en cifras astronómicas tras años de pésima gestión, a obligarlas a cerrar. Afortunadamente la mayoría de los rectores y consejos de gobierno son buena gente, competentes profesionales, pero, si la ley está hecha para santos y personas ejemplares, tenemos un serio problema de eficiencia.

Aprovechemos la oportunidad que nos han dado estas dos localidades extremeñas para recuperar el debate de la eficiencia de las administraciones públicas. A ver si somos capaces de tener una discusión técnica, profesional, sin excesivas cargas pasionales o apelaciones al antiguo régimen, sobre la necesidad de aumentar la eficiencia de las políticas públicas. Un debate que nos llevará necesariamente a replantearnos la distribución de algunas competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas en beneficio del ciudadano español, esa especie en extinción. Pero también a profundizar en mecanismos de copago no solo en las autovías, sino también en educación, sanidad, pensiones, etc., buscando un reparto de costes que responda razonablemente bien a la mezcla de beneficio público, externalidades, y privado de esos servicios; a un sensato reparto del pago de los usuarios y los contribuyentes. Y, por supuesto, un debate que consolide una cultura y unas prácticas  de evaluación del gasto público que no solo se manifiesten en el trabajo ex post de la AIReF, la autoridad independiente a la que por naturaleza le corresponde, sino en unas memorias económicas de los proyectos de ley que no sean un insulto a la inteligencia o una arenga a los propios votantes. Así, centrándonos en la calidad y eficiencia de las políticas públicas habremos dado un gran paso para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas de la que seguiremos hablando.

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