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Jorge Fernández-Argüelles

Contratación pública, estado de alarma y comisiones

«¿Acaso dejaríamos de reconocer el trabajo de un bombero porque, tras salvar a una persona del fuego, cobrase su sueldo a final de mes?»

Opinión
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Contratación pública, estado de alarma y comisiones

Isabel Díaz Ayuso. | Óscar González (NurPhoto)

Para valorar el escándalo de los honorarios comerciales recibidos por el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid es preciso conocer las circunstancias y condicionantes del momento más álgido de la pandemia.

En el mes de febrero y primera quincena de marzo, desde el Gobierno se obvió toda acción que pudiese mitigar los efectos de una supuesta pandemia, no anticipando adquisición de material sanitario de ningún tipo, ni abordando ninguna medida que limitase el contacto social. Ello a pesar del informe emitido por Seguridad Nacional en Moncloa, de las recomendaciones del responsable de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional (cesado por ello), y de que la propia ministra de Trabajo reconociese recientemente que «ya conocíamos la situación». En los días previos al confinamiento, Fernando Simón desaconsejaba el uso de mascarillas por ser «innecesarias para prevenir contagios», reconociendo posteriormente que el motivo de esas declaraciones era el desabastecimiento.

Uno de los efectos jurídicos de la promulgación del estado de alarma fue dejar en suspenso la Ley de Contratación Pública, persiguiendo la agilidad en el suministro en una situación de urgencia sanitaria como no habíamos vivido nunca, posibilitando así la adjudicación directa de toda compra de bienes o servicios en toda la Administración. Más claro: todo contrato adjudicado en toda España por todo organismo público fue legalmente «a dedo» del 14 de marzo al 21 de junio de 2002. En el caso de material de protección sanitaria no es que fuese legal, es que era indispensable para cubrir las necesidades de suministro. 

Desde febrero de 2020, China y los principales países asiáticos empiezan a acaparar todo el stock disponible y a fijar acuerdos de compra a medio plazo con los principales fabricantes. Ellos sí descontaron mejor los riesgos de una generalización de la pandemia por su experiencia anterior en la gripe aviar. No había producción mundial que pudiese abastecer una demanda disparada en cuestión de semanas. Por ello, cuando en España se disparan las alarmas, nuestros sanitarios van protegidos con bolsas de basura: nadie anticipó y los mercados mundiales se saturan.

El impacto inmediato fue una subida brutal de precios, pasando las mascarillas quirúrgicas que costaban 25-30 céntimos en enero pasaron a costar 1,5 euros en marzo, y a nivel mundial. Ante semejante situación, empresas de productos sanitarios, importadores de todo tipo (textiles, de componentes, etc.) y, según rumores, hasta las sociedades fantasma de los servicios de inteligencia de los países, se pusieron a buscar producto y tratar de adquirirlo bajo el compromiso de compra final por parte de las instituciones sanitarias.

Este trabajo, en unas condiciones de colapso mundial, movilizó a múltiples actores, posibilitando que se generase una cadena efectiva de suministro: un compromiso de comprador final que se vincula a un importador que se vincula a vendedores o intermediarios en los países origen hasta alcanzar al fabricante. Sin esa actuación interconectada de instituciones, comerciales, financiadores y productores, hubiese sido imposible acceder al material que los hospitales, residencias de ancianos y profesionales requerían para protegerse del virus. 

En este escenario, un comercial del sector farmacéutico experto en colaborar con distribuidores y empresas de suministro hospitalario, con toda la actividad económica paralizada, es normal que se haya dedicado a identificar y aprovisionar productos de protección sanitaria. E igualmente normal es que sea retribuido por su trabajo. En esos momentos, los honorarios asociados a transacciones de compraventa han oscilado en un rango del 5 al 10% de los importes totales.

Esta actividad privada, conjugada con la adjudicación directa de contratos, posibilitó que de un inicio caótico en el mes de marzo se pudiese ir estabilizando la situación durante el mes de abril y se empezasen a disponer ya de stock de seguridad para las principales necesidades en el mes de mayo. Cabe recordar que cuando los importadores ya empiezan a poder abastecerse en origen, se colapsa el tráfico aéreo de mercancías y necesitamos que se establezca un puente aéreo con aviones de carga militares Madrid-Shanghái para transportarlo.

Los diferentes partícipes (que hubo a miles) en estos procesos complejos de aprovisionamiento, desde empresas sanitarias a importadores de todo tipo, ojeadores de fabricantes, etc., aunque remunerados, no dejan de tener una cierta consideración de héroes. ¿Qué hubiese sido de nuestro sistema sanitario si no hubiera llegado a disponer de productos de protección? ¿Acaso dejaríamos de reconocer el trabajo de un bombero porque, tras salvar a una persona del fuego, cobrase su sueldo a final de mes?

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