The Objective
Publicidad
Benito Arruñada

Emprendeduría de amiguetes

«Que el gobernante de turno otorgue privilegios a algunas empresas porque las considere innovadoras genera error, despilfarro y corrupción»

Opinión
Comentarios
Emprendeduría de amiguetes

Imagen de recurso de emprendedores. | Marvin Meyer/Unplash

La semana pasada argumentaba aquí mismo que el Gobierno ve a los empresarios como animales de granja a los que explotar. Sin embargo, adopta como mascotas a los «emprendedores». Es tal su amor que ha remitido a las Cortes un Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, conocida como ley de startups, con la que pretende ampliar y sistematizar los favores que reciben en materia fiscal y regulatoria. 

Para que tales privilegios estuvieran justificados, sería preciso que sus actividades produjesen beneficios sociales que no entrasen en el cálculo del empresario (lo que en economía se suele denominar «externalidades» positivas). Por ello, sorprende que el proyecto de ley ni las mencione, y aún más que, pese a no demostrar que tales externalidades existan, sí encomiende a una burocracia —pública y controlada por antiguos concejales— la tarea de acreditar qué empresas las producen. 

Semejante triada de indefinición, incompetencia y poder de decisión hace temer que la discrecionalidad al reglamentar y aplicar la ley origine consecuencias indeseables, desde que las empresas favorecidas compitan de forma desleal a que se desperdicien ventajas comparativas e incluso se subvencionen actividades ruinosas. Todo ello sumado a la redistribución y costes reales que suelen aparecer al burocratizar y politizar las decisiones económicas, con la consiguiente disipación de rentas y el riesgo de que aumente la corrupción. Veamos en detalle por qué.

Innovadores con licencia

Para el Gobierno, merece apoyo especial la empresa que desarrolla «productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica». En esta ambigua expresión late una interpretación más cientificista que gerencial de la innovación. Pero, como demuestran los casos de Zara, Cosentino o Mercadona, es justamente en el plano gerencial en el que tenemos en España alguna ventaja comparativa. Por ejemplo, ¿cree usted que nuestro Ministerio de Industria hubiera calificado como innovadores los proyectos de Amancio Ortega para fabricar batas caseras en 1963 o para abrir su primera tienda en 1975, de modo que Zara hubiera podido beneficiarse de la condición de empresa emergente? Lo dudo, porque lo que distinguía el modelo de negocio de Zara era y es algo tan ajeno a una burocracia como su capacidad de adaptación a la demanda, esa adaptación que le permite ser la única empresa española digna de mención en términos gerenciales. 

Asimismo, para merecer que nuestra burocracia la considere innovadora, la empresa también ha de cumplir otros requisitos, como no cotizar en Bolsa, no haber distribuido dividendos y no superar en volumen de negocio los cinco millones de euros. Estas reglas parecen diseñadas para favorecer una multitud de pequeños fracasos, para castigar a las pocas iniciativas que logren, ya no tener éxito, sino despegar. Cinco millones de ventas es un umbral muy bajo en muchos sectores, y, por lo demás, deja fuera startups triunfadoras, como Cabify, Glovo o Wallapop. 

Estas empresas no merecen privilegios

El Gobierno justifica el trato de favor porque las «características de las empresas emergentes encajan mal con los marcos normativos tradicionales en el ámbito fiscal, mercantil, civil y laboral». Alega que están sujetas a mayores dosis de riesgo, posibilidad de crecimiento exponencial, dependencia del trabajo cualificado y competencia internacional por capitales tanto financieros como humanos.

Pero ninguno de estos argumentos se sostiene. Para justificar la excepción, no basta con que las nuevas empresas innovadoras presenten esas características. Sería preciso que en ellas estuvieran presentes en mayor medida que en otras actividades y, en particular, más que en todo tipo de nuevas empresas. Además, incluso para características que sí podrían presentarse de forma diferenciada (por ejemplo, un mayor riesgo), no existen razones para que sea el Estado quien evalúe y asuma según qué riesgos. 

La innovación como excusa

Por último, el Gobierno demuestra una vez más que cualquier excusa le sirve para aumentar el gasto y la burocracia del sector público. Empieza por encomendar a una empresa pública la tarea de evaluar qué empresas merecen considerarse innovadoras. Se trata de una empresa, ENISA, que hasta ahora se ha venido encargando de dar «apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas que… quieren impulsar sus proyectos de emprendimiento innovador», y a la que en el sector se considera una especie de «barra libre» donde financiar proyectos amateur. 

De hecho, parece más efectiva como instrumento de comunicación que de venture capital: en 2020, gastó 9 millones de euros para gestionar tan sólo 209 millones de créditos participativos no vencidos, así como créditos nuevos por 83,4 millones. Eso sí: generó 3.100 «impactos en medios de comunicación». Es coherente con esta prioridad propagandística el hecho de que el proyecto de ley contemple crear un nuevo portal web, un informe anual sobre la aplicación de la ley y su evaluación continua a través de un «foro de empresas emergentes», instrumentos que se suman al flamante «Alto Comisionado para España Nación Emprendedora… el órgano de la Presidencia del Gobierno encargado de impulsar la Estrategia España Nación Emprendedora» (sic).

Ni saben ni pretenden saber

Es razonable que las empresas sostengan al Estado y cumplan las leyes que, con mayor o menor acierto, promulgan las instituciones democráticas. A su vez, el Estado debe minimizar esos costes; pero es dudoso que deba discriminar entre empresas. Cuando favorece a unas empresas lo hace a costa de las demás y existe un grave riego de que elija, no a las que más lo merecen sino a las que mejor sirven a quien decide. 

En este proyecto de ley, el legislador ni siquiera se molesta en justificarse, por lo que el riesgo de favoritismo es máximo. En general, lo que España necesita es aumentar la competencia y reducir el peso de las decisiones políticas. Justo lo contrario de lo que hace esta ley, que vendría a politizar nuestro “ecosistema de innovación”, condenándolo a una emprendeduría de amiguetes.

Más información: B. Arruñada, «Comentario al proyecto de ley de startups«, FEDEA, Apuntes de economía, 2022-01. 

Envía el primer comentario
Publicidad
MyTO

Crea tu cuenta en The Objective

Mostrar contraseña
Mostrar contraseña

Recupera tu contraseña

Ingresa el correo electrónico con el que te registraste en The Objective

L M M J V S D