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Indra intenta evitar la sanción de la CNMV nombrando a seis nuevos consejeros

La tecnológica ha anunciado que «el proceso de selección de consejeros independientes se encuentra ya en fase muy avanzada».

Indra intenta evitar la sanción de la CNMV nombrando a seis nuevos consejeros

Indra ha comunicado este viernes una lista de seis nuevos candidatos a su Consejo de Administración que deberán ser ratificados el lunes próximo y con la que intenta cerrar la crisis de la destitución de cuatro consejeros independientes en junio. Un asalto que es investigada por la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) ya que hay indicios de que pudo haberse producido una acción concertada entre los accionistas mayoritarios, entre los que se encuentra la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Precisamente para intentar cerrar esta crisis y evitar una sanción de la CNMV, Indra ha anunciado este viernes que «el proceso de selección de consejeros independientes se encuentra ya en fase muy avanzada y próximo a su conclusión». La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo trabaja con una lista corta de seis candidatos, alcanzada por unanimidad, integrada por Virginia Arce, Olga San Jacinto, Felipe Fernández, Coloma Armero, Axel Arendt y Belén Amatriain.

Del mismo modo, se están ultimando las verificaciones finales tendentes a asegurar su idoneidad e independencia. «Tras la conclusión de dichas verificaciones, la Comisión tiene previsto reunirse el lunes próximo para adoptar, en su caso, las correspondientes propuestas de nombramiento que el Consejo informaría y elevaría a la Junta General». Todos estos candidatos destacan por su perfil tecnológico y por su independencia.

Investigación de la CNMV

El regulador mantiene abierto un expediente por supuesta acción concertada de la SEPI -el principal accionista y representante del Gobierno con un 25,6%-; el dueño de Amber Capital y presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, que desembarcó con un 4,2% en la empresa solo días antes de la Junta; y SAPA Palencia, que también es socio de IPT Aero. La CNMV no tiene fecha para concluir su investigación. «Aún estamos con ello», dicen desde la comisión a este diario.

A comienzos de abril de este año, Indra ultimaba su desembarco en ITP Aero, como informó este diario, con el aval de Pedro Sánchez y el Gobierno regional del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Sin embargo, la oposición de los consejeros rebeldes retrasó la operación y obligó a Moncloa a dinamitar la Junta de Accionistas y destituir a cuatro consejeros contrarios a esta operación y no renovando a un quinto. 

Unos acontecimientos que derivaron en las denuncias públicas de estos consejeros y de partidos políticos como el PP y VOX. Alberto Terol, Enrique de Leyva, Ana de Pro, Carmen Aquerreta, los cuatro consejeros independientes cesados de manera abrupta tras la petición de Amber Capital en la Junta de Accionistas, enviaron cartas a los accionistas de la compañía aportando indicios y pruebas que apuntan a una acción concertada de la SEPI, Amber y Sapa para dar un golpe de timón en la compañía. En la Junta de junio tampoco no se renovó a una quinta consejera: Isabel Torremocha. Una situación que generó la renuncia de otros dos consejos en las siguientes 48 horas: Ignacio Martín y Silvia Iranzo.

Acción concertada

Del mismo modo, sobre la mesa han una demanda de accionistas minoritarios de Indra contra la dirección de la compañía y los responsables del asalto del Gobierno a la gobernanza de la cotizada. Este grupo ha contratado al despacho Cremades para que les represente y lleve a los tribunales el proceso y ya ha enviado una carta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) informando de estas acciones.

Desde junio la CNMV investiga el caso, al mismo tiempo que la acción de la compañía se ha desplomado más de un 21% en la Bolsa de Madrid. Si se demuestra que hubo acción concertada, el panorama de la empresa, que actualmente tiene una valoración en bolsa llega a los 1.600 millones de euros, podría cambiar radicalmente. 

La SEPI, que tiene el 25%, Amber el 4,2% y los vascos de SAPA el 5%, se verían obligados a lanzar una oferta pública de acciones por la totalidad de Indra que no controlan, el 66% entre los tres o el 75% si solo se obliga a la sociedad pública. Las fuentes consultadas advierten de que cualquier decisión que no sea una respuesta en este sentido de la CNMV sería un duro golpe para la credibilidad del regulador. 

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