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Economía

El Gobierno aprueba el mayor techo de gasto de la historia: 198.221 millones de euros

El Gobierno también ha reformado la nueva normativa para los trabajadores por cuenta propia y prevé tramitarla como proyecto de ley

El Gobierno aprueba el mayor techo de gasto de la historia: 198.221 millones de euros

La bancada del Gobierno en el Congreso de los Diputados. | Eduardo Parra (Europa Press)

El Consejo de Ministros ha aprobado el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, del Presupuesto del Estado para 2023, que se eleva a la cifra récord de 198.221 millones de euros, lo que supone un 1,1% más respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea y que sienta un nuevo récord en cuanto a gasto público.

«El nuevo ‘techo de gasto’ alcanza una cifra récord, aunque ello no impedirá que sigamos reduciendo nuestro desequilibrio y manteniendo el esfuerzo inversor», ha asegurado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha desglosado el nuevo límite de gasto no financiero para 2023, que por tercer año consecutivo se sitúa en máximos.

En julio del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2022, que se aumentó ligeramente hasta los 196.142 millones de euros, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.

Cabe recordar que el pasado mes de junio el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública en la que se establecen las normas para la elaboración de las cuentas públicas del próximo año.

En la Orden, firmada por la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se subraya que la economía española afronta esta situación de incertidumbre global desde una posición «sólida», con un patrón de recuperación muy distinto al de crisis anteriores y con unos fundamentos «más robustos», con un nivel de empleo récord desde 2008 y un aumento considerable de los contratos fijos como consecuencia de la reforma laboral.

El Gobierno actualiza los objetivos de déficit

Junto a la aprobación del ‘techo de gasto’, el Gobierno ha actualizado los objetivos de déficit y deuda. En cuanto al déficit público, Hacienda ha mantenido su previsión, al augurar un desajuste del 5% del PIB este año, y ha establecido una tasa de referencia del 3,9% del PIB en 2023, la misma incluida en el Programa de Estabilidad 2022-2025 enviado en abril a Bruselas. La senda a medio plazo del Gobierno establece la reducción del déficit por debajo del 3% del PIB en 2025.

Al igual que en 2020, 2021 y 2022, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2023. La suspensión de las reglas fiscales, que tiene que ser aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Montero ha anticipado que, al igual que el año pasado, solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a certificar que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifica la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Gobierno, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El Gobierno, al igual que el año pasado, solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a certificar que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifica la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Ejecutivo, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En todo caso, Hacienda recuerda que la responsabilidad fiscal de España «se mantiene y está recogida en el último Programa de Estabilidad enviado a Bruselas», donde se incorpora una senda a medio plazo que permitirá reducir el déficit por debajo del 3% del PIB en 2025 y situar el nivel de deuda pública por debajo del 110% del PIB para ese mismo año.

Escrivá cierra su lucha con los autónomos y aprueba el nuevo régimen

Los autónomos ya cuentan con un nuevo régimen tras varios meses de negociaciones. Esta es una de las dos grandes medidas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros, en el que además se ha aprobado el techo de gasto, primer paso para la tramitación de los que serán los últimos Presupuestos Generales del Estado de la legislatura y que se prevé que mantenga la tendencia a la alza de los últimos años.

La reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) llega tras un largo proceso de negociaciones entre el ministro de la Seguridad Social, José Luís Escrivá, y las principales asociaciones del sector. Este es el primer paso hacia el pleno despliegue de un sistema de cotización por ingresos reales y aunque se aprobará por decreto ley, el Ejecutivo prevé tramitarla como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan hacer sus aportaciones al texto.

El acuerdo supone la puesta en marcha de un sistema de cotización transitorio para 2023, 2024 y 2025 conforme a 15 tramos de rendimientos netos y con cuotas a la Seguridad Social que irán disminuyendo para los tramos inferiores al salario mínimo (SMI), que se mantendrán para los tramos intermedios y que aumentarán para los superiores a 1.700 euros mensuales.

El tramo más bajo (para rendimientos iguales o inferiores a 670 euros mensuales) parte de una cuota de 230 euros en 2023 para pasar a 225 euros en 2024 y a 200 euros en 2025, mientras que el tramo más alto (para rendimientos superiores a 6.000 euros) parte de una cotización de 500 euros el año que viene, que suben a 530 el siguiente y se sitúan en 590 al final del periodo.

Actualmente los autónomos eligen voluntariamente la base por la que cotizan y el 84 % lo hace por la más baja, que implica una cuota de 294 euros mensuales.

Se establece una nueva cuota reducida de 80 euros al mes para todos aquellos trabajadores que inicien una actividad por cuenta propia durante el primer año, prorrogable a otros 12 meses si el autónomo tiene ingresos inferiores al SMI.

Además, se regula una nueva prestación por cese de actividad parcial que será del 50 % de la base reguladora, compatible con la actividad y que se podrá cobrar por un periodo de cuatro meses a dos años.

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