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Hacienda acelera la subida de impuestos a las eléctricas tras la decepción del tope del gas

El Gobierno vuelve a abrir un melón que parecía olvidado desde finales de marzo

Hacienda acelera la subida de impuestos a las eléctricas tras la decepción del tope del gas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Joaquin Corchero (Europa Press).

El Ministerio de Hacienda está trabajando ya en cómo elevar los impuestos que pagan las compañías eléctricas y de hidrocarburos. Lo que tiene claro el departamento que dirige María Jesús Montero que no será «con carácter inmediato» como viene reclamando Unidas Podemos.

La idea de que empresas como Iberdrola, Endesa o Naturgy tributen más parecía enterrada tras la reunión que mantuvieron con los primeros espadas del sector a finales de marzo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

«No hemos hablado de impuestos a las grandes compañías, sino de cómo conseguir una energía más barata y cómo pueden contribuir en mucha mayor medida al confort de los consumidores», dijo Ribera tras el encuentro. También se conoció que el Ejecutivo tendió la mano a estas empresas, coincidiendo en que hay que «incentivar las energías renovables» e impulsar el almacenamiento energético.

No obstante, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a abrir el melón. Díaz está siendo la cara más visible del Ejecutivo en la idea de que las eléctricas paguen más. Incluso ha reprochado que el debate tributario se haya aparcado desde casi el inicio de la legislatura y considera que «urge» poner en marcha un mecanismo de estas características que permita gravar más las eléctricas, como vía para afrontar la actual crisis energética.

«Tienen que aportar más»

En este sentido, fuentes políticas aseguran a THE OBJECTIVE que desde Hacienda también defienden la premisa de que las eléctricas «tienen que aportar más» y que por ello se está estudiando cuál sería la mejor manera para aplicar mayores gravámenes a estas empresas. No obstante, está prácticamente descartado que sea vía elevar el impuesto de sociedades.

El departamento de Montero se escuda en que no tendría efecto en el corto plazo. El impuesto de sociedades se cumplimenta entre los días 1 y 25 de julio de cada ejercicio y se liquida al año siguiente. En la misma línea, Hacienda rechaza también crear un nuevo impuesto debido a que las tramitaciones de proyectos de ley tienen un plazo muy amplio y tampoco serviría para atajar la situación actual, con el precio de la electricidad disparado pese al tope del gas y los carburantes en máximos.

«Hacienda está explorando cuál es la fórmula qué mejor permita acertar con el objetivo de lograr una mayor aportación de las eléctricas y empresas de hidrocarburos que están teniendo beneficios que en este momento se tienen que repercutir para financiar muchas de las actuaciones que permiten paliar las dificultades de la gran mayoría social del país», ha dicho Montero.

En su propuesta de reforma fiscal de febrero, Unidas Podemos planteaba elevar de un 25% a un 35% el Impuesto sobre Sociedades a las eléctricas que facturen más de 10.000 millones anuales durante un periodo de cinco años, y con posibilidad de prórroga. También ha venido defendiendo la necesidad de crear una eléctrica pública.

Ahora, el impuesto a las eléctricas que Unidas Podemos propone aplicar de forma inmediata ha derivado en un nuevo choque en el seno de la coalición, que ha llevado a los ministros económicos de la parte socialista -Nadia Calviño, Teresa Ribera y José Luis Escrivá- a salir en tromba a defender a María Jesús Montero para poner en valor su liderazgo en materia fiscal frente a las críticas de Yolanda Díaz.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha salido al paso de la polémica y se ha posicionado del lado de la ministra de Hacienda afirmando que es ella quien tiene el liderazgo en materia fiscal. «Hay que estar más pendiente de lo que diga María Jesús Montero que de lo que diga Yolanda Díaz», ha subrayado.

En la mismos términos se ha expresado Nadia Calviño. La vicepresidenta primera y ministra de Economía se ha «remitido» a lo explicado por la titular de Hacienda en materia fiscal, a su entrada a una reunión del Eurogrupo en Luxemburgo, al tiempo que José Luis Escrivá ha pedido a Yolanda Díaz «rigor y precisión» a la hora de hablar de fiscalidad.

El debate de cómo deben pagar más las eléctricas surge en la semana que se ha estrenado -con fracaso- el tope al precio del gas que se usa para la generación eléctrica. Para este viernes, el precio de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa en 177,90 euros el megavatio hora (MWh), a los que hay que sumarle la compensación que debe pagar la demanda a las centrales de ciclos combinados, de 88,2 €/MWh. Esto hace un total de más de 260 euros.

Pedro Sánchez ha defendido el mecanismo y ha lanzado un dardo a Bruselas: «El sistema de fijación de precios está trasnochado y es injusto». En este contexto, fuentes del sector consultadas por este diario afirman que el Ejecutivo ha enfriado sus expectativas sobre cuándo se comenzará a notar el impacto en el recibo eléctrico y que habrá que esperar más a medio plazo para sacar una conclusión. Hay que señalar que el mecanismo se ha puesto en marcha con la previsión de generación eléctrica con gas disparada por la menor aportación al mix de las renovables y ante una demanda muy elevada por la ola de calor

Asimismo, el fondo para costear las renovables que defiende Teresa Ribera también amenaza con trasladar más costes a los clientes finales. El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) pretende que los sujetos obligados a financiar dicho mecanismo sean los comercializadores de todos los sectores energéticos: las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores.

La problemática está en que puede tener un efecto negativo sobre los consumidores -domésticos e industriales- si las empresas deciden trasladar dicho coste por otra vía, como es previsible. Ocurriría así algo similar a lo que está sucediendo con el tope del gas, ya que es la demanda la que tiene que sufragar el coste del ajuste a las centrales de gas, cuyo monto varía en función del volumen de gas que necesite el sistema y de su precio: cuanto más gas se precisa y más caro está, más elevado es el ajuste.

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