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España es el país de la Unión Europea que más ha elevado el gasto público: un 24%

Los expertos aconsejan bajar los impuestos y revisar la eficiencia de las Administraciones Públicas para bajar su coste sin perder servicios

España es el país de la Unión Europea que más ha elevado el gasto público: un 24%

El presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, la vicepresidenta del CGE, Amelia Pérez Zabaleta, el presidente del CGE, Valentí Pich, y el exministro Jordi Sevilla. | Consejo General de Economistas de España.

España es el país de la Unión Europea que más ha elevado el gasto público en porcentaje de PIB, según los últimos datos de la oficina estadística europea, Eurostat. Junto con Grecia, nuestro país tiene el amargo récord de ser la economía que más aumenta sus desembolsos pese a que el Gobierno renuncia a bajar los impuestos. El incremento ha sido del 24% en ambos países en el último año del que existen datos oficiales (2020).

Por este motivo, crece el clamor de los economistas para repasar la eficiencia del gasto público y contener los impuestos, máxime en un contexto de inflación récord (8,7%), incertidumbre por el impacto de la guerra en Ucrania, y con un pacto de rentas detenido.

En este sentido se pronunciaron este martes los expertos del Consejo General de Economistas de España, al que asistió THE OBJECTIVE. Apuntaron los analistas su preocupación por las elevadas cifras de déficit -que en su componente estructural ya rebasa el 4%- y deuda pública, en el 117,7% del PIB a cierre de marzo.

Subida del gasto superior a la media

Si bien España no es el país con más gasto público de la UE, sí es el que más lo eleva. En Francia asciende al 61,6% del PIB frente al 52,4% español. Pero Francia lo ha incrementado en un 11% y España en un 24% en 2020, último dato disponible. La media de aumento del gasto en la Unión Europea y en la eurozona es del 14%, diez puntos inferior, y en ella se sitúan Bélgica y Países Bajos. Por debajo están los aumentos de Francia, Italia, Alemania, Irlanda y Portugal, entre otros.

El exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, departieron en el encuentro sobre la política fiscal que más conviene al país en esta tesitura de crisis de precios.

Ambos remacharon la necesidad de evaluar la eficiencia del gasto público al margen de la situación coyuntural. De hecho, según un estudio del IEE, España puede ahorrarse 60.000 millones de gasto -lo que supone una bajada del 14%- revisando las fugas ineficientes y sin afectar en modo alguno a servicios como la Sanidad y la Educación.

Evaluación y control

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, ha recalcado que es necesario adecuar los Presupuestos Generales del Estado a la realidad actual y establecer sistemas de evaluación y control del gasto para evitar desvíos hacia partidas superfluas y acometer de manera realista la disyuntiva sobre la revalorización de las pensiones.

Jordi Sevilla fue especialmente claro en sus manifestaciones sobre la necesidad de replantear el gasto público, como el Banco de España ha recomendado al Gobierno y como la Comisión Europea ha advertido que ha de hacer el gabinete económico de Pedro Sánchez.

«Mejorar la eficiencia del gasto público no significa reducirlo», proclamó Sevilla, sino asignarlo mejor y eliminar partidas improductivas. De hecho, ejemplificó cómo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no llega a sus beneficiarios potenciales por mala comunicación de la posibilidad de obtenerlo.

Subir impuestos no es el camino

Fernández de Mesa conminó a mejorar la eficiencia del gasto público y señaló que «las subidas impositivas no son un mecanismo adecuado de consolidación fiscal, ya que -en muchos casos- terminan suponiendo un efecto contrario al deseado, con un mayor incremento del déficit y la deuda, así como una pérdida de competitividad de la economía».

En este sentido, apuntó que la mejora de la calidad del gasto público provee de mayores recursos para el sector privado, mejora las condiciones de financiación para la inversión, favorece menores niveles de economía sumergida y reduce la desigualdad.

La vicepresidenta del Consejo, Amelia Pérez Zabaleta, apunta que el gasto desplegado en España a consecuencia de la covid ocasionó que la partida superara el 50% del PIB, es decir, la mitad de la riqueza anual generada por empresas y trabajadores. Y Pich destaca que es preciso realizar un ejercicio de reflexión sobre los riesgos que puede suponer para la economía nacional en su conjunto mantener altas tasas de gasto de manera persistente.

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