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Economía

La crisis energética, la inflación y la guerra destrozan las cuentas de las empresas públicas

La actual coyuntura sumada a los problemas para reducir costes laborales han tumbado las optimistas previsiones de la SEPI

La crisis energética, la inflación y la guerra destrozan las cuentas de las empresas públicas

Belén Gualda, presidenta de la SEPI, sociedad que agrupa a todas las empresas públicas. | Europa Press

La situación de las empresas públicas españolas adscritas a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) ha empeorado notablemente durante los últimos 12 meses. Cuando la mayoría de las compañías estatales comenzaban a levantar cabeza tras la pandemia de coronavirus, la crisis energética, la inflación galopante y el estallido de la guerra de Ucrania han sepultado todas las esperanzas de recuperación.

Entre estas compañías encontramos a participadas mayoritariamente por la SEPI como Correos, Navantia, Tragsa, Mercasa, Enusa, Ensa, Agencia EFE, Cetarsa, Honusa y a otras que cotizan en bolsa en donde la participación de la sociedad estatal fluctúa entre el 20% y el 4% como Airbus, Ebro Foods, Enagás, IAG, Indra y Red Eléctrica Española.

Diferentes fuentes de empresas públicas con las que ha hablado THE OBJECTIVE indican que la situación es muy compleja y que el destrozo en las cuentas es significativo en casi todas las participadas por la SEPI. La guerra, la energía y la inflación han aumentado considerablemente los costes operativos, lo que no ha podido ser compensado con recortes de plantilla ni con la realización de ERTE, prohibidos en la mayoría de las empresas públicas. Por otro lado, la situación podría agravarse tras la aplicación de la nueva Reforma Laboral, que obliga a estas compañías a reducir al 8% la temporalidad de su plantilla antes de que finalice 2024.

Previsiones de la SEPI

La primera confirmación de esta negativa coyuntura se tendrá en los resultados que publicará SEPI en junio correspondientes a 2021, aunque sólo medirá la mitad del impacto tras un buen primer semestre de recuperación y una segunda parte del año en la que estalló la crisis energética y la inflación empezó a dispararse.

No obstante, el gran problema vendrá para este 2022 -resultados que se conocerán en junio del próximo año- donde el estallido de la guerra de Ucrania ha aumentado el coste de todos los insumos, ha duplicado los costes de la energía y ha agravado los cortes en la cadena de suministro.

El pasado 27 de octubre la presidenta de SEPI, Belén Gualda, indicó ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados que la entidad preveía unas pérdidas de 163 millones para 2021 y de 41 millones en 2022. Sin embargo, estas previsiones no incluyen el último trimestre del año pasado -muy por debajo de lo estimado- ni el pésimo desempeño de los primeros cinco meses de este año.

Costes energéticos

Las fuentes consultadas indican que en 2021 no se repetirán las pérdidas de 438 millones de 2020, un año considerado particularmente malo tras el estallido de la pandemia, pero que estarán cerca de los 237 millones de 2019 y, en cualquier caso, serán peores a las previsiones de octubre del año pasado. Por otro lado, las previsiones de 2022 se ven como «inalcanzables», según los directivos consultados por este diario. La SEPI calcula su resultado global como «resultados netos después de impuestos» atribuido a la sociedad dominante.

En el caso de la facturación, 2021 será superior a los 4.659 millones de cifra de negocio de 2020 y a los 5.009 millones que se ingresaron en 2019, antes de que estallara la pandemia. La SEPI prevé 5.132 millones para 2021 y 5.449 millones para 2022. En la primera cifra hay consenso entre las fuentes consultadas, pero en la segunda hay discrepancias, ya que advierten de que una prolongación de la guerra podría afectar a las ventas. Sin embargo, esto no refleja que el principal destrozo en las cuentas de las empresas públicas se está produciendo por el lado de los costes.

Las fuentes consultadas por este diario calculan el aumento de los costes energéticos en más de un 20% desde la subida de los precios mayoristas a mediados del año pasado, y de hasta el 40% desde el comienzo de la guerra. Si consideramos que el grueso de las empresas públicas son de carácter industrial, el peso de la energía en su mix de costes es mucho mayor y, por tanto, el aumento de gastos productivos no bajaría del 20% al 30%.

Cadena de suministros

Además hay que sumar el encarecimiento de los insumos por dos vías: en cuanto a la inflación, lleva acumulando récords históricos desde el pasado verano y cerró en el 8,3% en abril. El problema es que las cosas no mejorarán al menos en este 2022, ya que las previsiones de los expertos -con el Banco de España a la cabeza- indican que la media anual de este curso no no será inferior al 7,5%, frente al 6,5% de 2021 y al -0,5% de 2020.

El segundo componente que ha empujado los costes de los insumos es la crisis en la cadena de suministros. Nuevamente nos encontramos con empresas mayoritariamente industriales y que en sus procesos de fabricación necesitan componentes que vienen de Asia o de otros puntos del planeta. Esto no solo retrasa la producción -con la consiguiente penalización en las ventas- sino que también encarece los pocos insumos que llegan a las fábricas.

El otro gran problema para las empresas públicas es que no pueden reducir sus costes vía racionalización de plantilla. A los consiguientes problemas que tienen para realizar recortes -los ERE son un tabú en el sector público- se suma la prohibición de realizar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la herramienta que muchas empresas privadas utilizaron para superar lo más duro de la crisis económica.

Costes laborales

Según algunas sentencias, las empresas de la SEPI forman parte del Sector Público conforme al art. 2 de la ley de Régimen jurídico del Sector Público y por tanto están excluidas de la posibilidad de realizar ERTE salvo que sus ingresos vengan mayoritariamente del mercado. Sin embargo, este último condicionante está sujeto a interpretaciones.

En teoría la mayoría de las empresas públicas tienen ingresos provenientes del mercado, por lo que ante la duda, la mayoría de los directivos de estas compañías han optado por no realizar estos expedientes para no entrar en disputas legales que se pueden eternizar en los tribunales. De hecho, el número de empleados de las empresas adscritas a la SEPI, lejos de reducirse durante la pandemia, aumentó desde las 78.079 personas en 2019 a las 79.118 personas en 2020.

Tampoco juega a favor de las empresas públicas la nueva norma laboral. La reforma aprobada a comienzos de año indica que todas las empresas públicas deberán reducir la temporalidad al 8% antes del 31 de diciembre de 2024. Esto supone también elevar los costes de contratación de estas empresas, muchas de las cuales mantienen todavía una elevada tasa de temporalidad por sus características operativas.

Correos y Navantia

Por empresas, las más relevantes para SEPI son Correos, que representa el 42% de su facturación total, seguida de Navantia con el 24% de los ingresos y Tragsa con más del 15%. En el caso de la primera, este diario ya informó que cerró el año 2021 con pérdidas de 96 millones de euros, después de reportar pérdidas de 264,2 millones un año antes.

Navantia perdió 137,7 millones en 2020 y se espera que las cuentas de 2021 reporten un resultado algo mejor, pero siempre por encima de un desequilibrio de 100 millones. La nota positiva la entrega Tragsa, que ganó 24,9 millones en 2021, mejorando los 20 millones de un año antes.

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